La reciente denuncia del alcalde de El Carmen, Renán Cabezas, que reveló que casi la mitad de las 900 familias registradas como beneficiarias de agua potable mediante camiones aljibe no existen, es un escándalo que expone a un Estado que, durante años, ha funcionado a ciegas, con recursos públicos diluyéndose como agua entre los dedos. Cientos de millones de pesos malgastado en beneficios inexistentes, dirigidos a personas fallecidas, ausentes o que ya no necesitaban el servicio. Y lo más alarmante es que no sería una anomalía exclusiva de El Carmen: otras comunas de Ñuble presentarían situaciones similares, y por lo mismo sus alcaldes han iniciado investigaciones al respecto.
Desde Delegación Presidencial de Ñuble, responsable de este servicio, no aclararon si existen investigaciones en curso o medidas correctivas, y respondieron que no han recibido reclamos formales por interrupciones del servicio, sin abordar las irregularidades detectadas en las listas de “beneficiarios fantasmas”.
Pero esta situación no surgió de la nada. El uso de camiones aljibe, pensado originalmente como un mecanismo de emergencia, se ha vuelto parte de la normalidad en muchas zonas rurales. Entre 2012 y 2017, los beneficiarios se duplicaron. Hoy se estima que más de 30 mil personas en Ñuble dependen de esta precaria forma de abastecimiento, pese a los avances en proyectos de Agua Potable Rural (APR).
Expertos coinciden en que la falta de planificación, el desconocimiento del comportamiento de las napas subterráneas y una burocracia asfixiante son los principales frenos para avanzar. Hay proyectos de APR que han tardado hasta diez años en concretarse. Diez años de espera para tener acceso a agua potable. Diez años en que familias completas han debido depender de un camión.
Mientras tanto, los recursos se fugan en contratos con operadores aljibe que, en algunos casos, se han transformado en verdaderos monopolios regionales. No son pocas las denuncias por sobreprecios, conflictos de interés y prácticas poco transparentes que han rondado este programa. Lo que debía ser una respuesta transitoria a la sequía o a emergencias puntuales, se ha convertido en un sistema paralelo y opaco.
Ñuble, a pesar de su ruralidad, tiene todas las condiciones para ser una región modelo en gestión hídrica. Pero para ello necesita inversión, voluntad política y conocimiento técnico. Es fundamental destinar más fondos a investigación de las napas subterráneas, generar sistemas de monitoreo y control de extracción, y diseñar proyectos de infiltración y almacenamiento, tanto domésticos (como la cosecha de aguas lluvias) como territoriales (tranques, miniembalses, embalses mayores).
Asegurar el acceso al agua potable es más que un objetivo: es un imperativo ético, legal y humano. Que hoy existan “beneficiarios fantasmas”, mientras cientos de familias reales no tienen agua en sus casas, es reflejo de un sistema que necesita una revisión profunda.
Ya no basta con entregar agua: hay que garantizarla con dignidad, eficiencia y transparencia.
