El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, confirmó que el sicario ahora identificado como Alberto Carlos Mejía Hernández, ya había sido detenido en dos ocasiones el año 2022. Hay que recordar que inicialmente, el imputado fue formalizado y conocido por un nombre falso: Osmar Ferrer.
Tal información fue revelada ayer por la autoridad durante una sesión de la Cámara de Diputados, la que hoy fue repetida por Valencia en conversación con Cooperativa.
El lunes, Valencia señaló durante la sesión que a Alberto Mejía no se le tomaron sus huellas dactilares en las detenciones del 2022 porque, en ese entonces, no estaba vigente la reforma al código procesal penal que estipula la toma de huellas a imputados extranjeros en situación irregular.
Fiscal Valencia revela que sicario ya había sido detenido
Y es que dicha modificación ocurrió el 2023. “¿Por qué esto no pasó el 2022? Porque no nos dimos cuenta de inmediato cuando pasó por la zona de tránsito (zona de toma de huellas). El año 2022 este criterio no estaba vigente“, complementó Valencia.
“Si se le hubiera tomado la huella el 2022, al momento en que se le tomaron las huellas ahora en esta nueva detención, habría aparecido el match positivo y se habría identificado; se habría establecido que el nombre era falso“, continuó la autoridad.
Por eso, hoy día, si el imputado hubiera estado privado de libertad como tenía que estar (en prisión preventiva), “habríamos sabido que su nombre no era el que había informado, y podríamos haber rectificado toda su identificación”, agregó.
Hoy, conversando con el medio citado, Valencia señaló que las dos causas antiguas del sicario eran de cuando aún era menor de edad. Con ello, detalló que una de ellas era por un “robo bastante grave”.
Valencia, anunció además que se oficiará a Gendarmería sobre los extranjeros presos.
“Hoy día en la tarde vamos a oficiar a Gendarmería y vamos a pedir que nos informe cuántas personas extranjeras hay hoy día privadas de libertad a la fecha, en centros de Gendarmería, tanto condenados como en prisión preventiva”, señaló el fiscal en una sesión de Comisión de la Cámara de Diputados, donde también participó el ministro de Justicia, Jaime Gajardo. En la misma, se acordó también oficiar al Registro Civil, Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) por el funcionamiento del banco de huellas.
