A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales y parlamentarias, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto que establece multas por no acudir a votar en comicios en que el sufragio es obligatorio.
La moción, presentada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas), contempla sanciones que van desde los $34 mil hasta los $210 mil, pero se limita exclusivamente a los ciudadanos chilenos, dejando fuera a los extranjeros avecindados, quienes conservan el carácter voluntario de su participación según la actual Constitución.
El proyecto fue aprobado por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. Sin embargo, debido a nuevas indicaciones ingresadas en la sala, deberá volver a la comisión de Gobierno Interior para su segundo informe. El Ejecutivo, que no ha patrocinado esta iniciativa, ha insistido en que los migrantes solo deben votar en elecciones municipales.
La discusión evidenció un trasfondo político, con sectores del oficialismo acusando un intento por condicionar el padrón electoral, y desde la oposición, cuestionando la “incoherencia” del Gobierno al restar urgencia a una medida que, según sostienen, da sustento a la reforma constitucional que reinstauró el voto obligatorio.
En paralelo, en la misma comisión se tramita otro proyecto que sí contempla sanciones para todos los electores habilitados, incluidos extranjeros, y que ya fue aprobado por el Senado. Esta propuesta establece multas de entre $34 mil y $340 mil, lo que reaviva el debate sobre si los migrantes con solo cinco años de residencia deben tener el mismo derecho cívico que los ciudadanos chilenos, algo que sucede en muy pocos países del mundo.
Voto migrante: discusión que hay que dar
Desde la Región de Ñuble, los cinco diputados se alinearon en respaldo al proyecto, aunque con distintas visiones sobre el voto migrante.
Para Felipe Camaño (Ind.-DC), la multa es necesaria.
“Un voto obligatorio sin multa es, en el fondo, un voto voluntario”. Si bien respaldó la sanción solo para ciudadanos chilenos, planteó que la situación del voto migrante merece una reforma constitucional.
“En la mayoría de los países del mundo, los extranjeros solo pueden votar en elecciones locales o regionales. Creo que restringir el voto extranjero en Chile debería ser lo normal en un país con alta migración”, sostuvo.
Frank Sauerbaum (RN) fue más directo: “El Gobierno no quiere que este proyecto avance porque sabe que muchos extranjeros no votarían por su opción”, expresó.
Aunque se mostró partidario de que los chilenos nacionalizados mantengan su derecho a sufragio, cuestionó la participación de residentes extranjeros no nacionalizados en elecciones nacionales. “Es una discusión pendiente que debemos abordar con altura de miras”, afirmó.
En tanto, la diputada del Partido Social Cristiano, Sara Concha, respaldó el fondo de la iniciativa, pero criticó su oportunidad.
“Me preocupa que a cuatro meses de la elección presidencial y parlamentaria se esté legislando sobre esto. Tuvimos más de cuatro años para hacerlo. Parece una estrategia política de quienes impulsan la medida”, planteó.
Marta Bravo (UDI) coincidió en la necesidad de aplicar sanciones, pero rechazó abrir el debate sobre el voto extranjero en medio del proceso electoral.
“Es irresponsable hacerlo ahora. No podemos arriesgar la legitimidad del proceso”. La parlamentaria recalcó que el proyecto “al menos avanza en sentido común”.
Por su parte, Cristóbal Martínez (UDI) enfatizó que “en política no todo vale”, acusando al Ejecutivo de intentar interferir en los resultados de noviembre.
“Todos sabemos que lo óptimo no es enemigo de lo bueno. Esta fórmula no es perfecta, pero permite resguardar el voto obligatorio que restablecimos hace algunos años”, manifestó.
El proyecto contempla un catálogo de excusas válidas para no sufragar, como enfermedad, embarazo, estar a más de 200 kilómetros del lugar de votación, o causas graves debidamente justificadas. Las excusas podrán presentarse en la web del Servel o ante Carabineros. También se prevé que quienes voten puedan acceder a beneficios estatales, definidos por el Ministerio del Interior mediante reglamento.
