Señor Director:
El reciente costo fiscal asociado a los paros docentes del primer semestre, estimado en más de 70 millones de dólares, debería encender una señal de alerta en quienes aún creen en un Estado austero, ordenado y al servicio del bien común. La interrupción sistemática de las clases, financiada igualmente con recursos públicos, no solo perjudica a miles de estudiantes vulnerables, sino que además representa un uso ineficiente e injustificado del presupuesto estatal.
La educación pública no puede convertirse en un campo de presión gremial permanente, donde se remuneren jornadas no trabajadas y se normalicen conductas que socavan el cumplimiento del deber. El debilitamiento de la autoridad directiva y la falta de exigencia en los resultados académicos terminan por afectar precisamente a quienes más necesitan del sistema: los estudiantes de menores recursos.
Chile fue capaz en el pasado de construir instituciones educativas al servicio de la formación y la movilidad social, no de la inestabilidad. Hoy se requiere restablecer el principio de que el servicio público exige compromiso, rendición de cuentas y respeto por los recursos de todos.
Martín Durán
