El conflicto por los caudales del río Laja no es solo una disputa entre canalistas de Ñuble y Biobío, ni un diferendo técnico entre usuarios de aguas. Es también un espejo de cómo operan decisiones administrativas cuestionables y un modelo de gestión hídrica que aún permite que una resolución pase por alto una sentencia de la Corte Suprema.
Hace dos años, la Dirección General de Aguas (DGA) incrementó en 46% los caudales que extrae desde el río Laja la asociación de canalistas del canal Zañartu. Esta decisión, que pasó de los históricos 22,6 metros cúbicospor segundo (m³/s) a 33 m³/s, no solo desató la indignación de los regantes del canal Laja-Diguillín, sino que generó una cadena de acciones judiciales, administrativas y parlamentarias que hasta hoy no encuentran resolución definitiva.
Y con razón. La misma organización que recibió este “beneficio” había sido multada en 2021 por extracción ilegal de aguas. La Corte Suprema confirmó que sus extracciones por sobre los 22,6 m³/s eran ilegales. En diciembre de 2022, la misma DGA rechazó un recurso de reconsideración presentado por los regantes del Biobío. Todo apuntaba a que el caso estaba cerrado. Había una sentencia de la Corte Suprema ejecutoriada y al mismo tiempo, la parte administrativa parecía cerrada, pues se había rechazado el recurso de reconsideración. Sin embargo, sorpresivamente, el 30 de agosto de 2023, la DGA resolvió aumentar el caudal para el canal Zañartu.
¿Qué cambió entre medio?
Nadie lo sabe o quiere decir. Lo concreto es que el conflicto se instaló en los tribunales y también en oficinas públicas y en el propio Congreso, a través de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados (as) que el año pasado escuchó los reclamos y acusaciones de los regantes de Ñuble, igual que los descargos de la DGA y de los regantes de Biobío. Allí se ventiló que el conflicto se generó al pretender aumentar los caudales del canal Zañartu para un proyecto hidroeléctrico y no de riego con sus usos históricos. Finalmente, la instancia legislativa dio la razón a los regantes del río Diguillín, pero esa resolución no tiene efecto jurídico alguno.
La disputa ha seguido en tribunales. El 9 de junio de 2025, la Corte de Apelaciones de Santiago dejó sin efecto la polémica resolución de la DGA dictada en 2023, pero el 27 de junio la misma Dirección General de Aguas respondió con un recurso de casación ante la Corte Suprema, con lo que este conflicto sigue prologándose en tribunales y escalando también a nivel político, pues se acusó a directivos del canal Zañartu de influir en las autoridades de nivel central. La asociación de Canalistas del Canal Zañartu es presidida por Patricio Sabag Villalobos, hijo del exsenador Hosain Sabag y hermano del exdiputado Jorge Sabag, quien volverá a presentarse como candidato por Ñuble en la elección parlamentaria de este año.
El modelo chileno de gestión hídrica ha mostrado serias falencias: fomenta la apropiación privada, no garantiza el interés público y permite que las decisiones administrativas contradigan incluso sentencias judiciales. Este caso es un síntoma de esa enfermedad: la DGA que cambia de criterio sin fundamentos claros, un conflicto que se arrastra por años, la Corte Suprema pronunciándose dos veces sobre un mismo hecho, y lo peor: 1.800 pequeños agricultores de nuestra región que entre pugnas de intereses y ambiciones políticas, ven secarse sus campos y sus esperanzas.
