En medio de su fiscalización anual, el Consejo para la Transparencia (CPLT) reveló un preocupante retroceso generalizado en el cumplimiento de las normas de transparencia activa por parte de los Gobiernos Regionales del país.
El promedio nacional alcanzó apenas un 76,06%, el más bajo desde que se realiza esta medición, en 2010, y en este contexto, la situación de Ñuble no pasó inadvertida: la región registró una caída de 8,1 puntos porcentuales respecto del año anterior, bajando de un 83,6% en 2024, a un 75,6% en 2025.
Este resultado posiciona al Gobierno Regional de Ñuble en el noveno lugar entre las 16 regiones del país, muy por debajo de los niveles de cumplimiento alcanzados por las regiones Metropolitana (99,9%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%).
Aunque Ñuble no figura entre las cinco regiones que serán investigadas sumariamente -La Araucanía, Los Lagos, O’Higgins, Arica y Parinacota, y Antofagasta-, el retroceso encendió las alarmas.
Ajustes técnicos
Desde el GORE Ñuble, la administradora regional, Claudia Cabrera, intentó calmar los ánimos, comentando que el resultado se encuentra en línea con el promedio nacional, y que el descenso se debe a un proceso de ajustes técnicos provocados por la entrada en vigencia de la Resolución N°500 del CPLT, la cual unificó criterios e instrucciones de fiscalización.
“Las observaciones detectadas corresponden a aspectos menores y de fácil corrección, los cuales ya fueron subsanados. Mantenemos una política activa de mejora continua en transparencia”, sostuvo Cabrera.
La representante del GORE local enfatizó que la gestión regional sigue comprometida con el acceso a la información pública y la rendición de cuentas, y que los equipos técnicos ya han adoptado medidas para asegurar que estos estándares se cumplan de forma permanente.
Rol complementario del CPLT
Sin embargo, no todos comparten esa visión optimista.
La consejera regional por Punilla, Lorena Jardua (UDI), fue crítica respecto del desempeño del GORE y resaltó el rol del CPLT como ente fiscalizador complementario al de la Contraloría General de la República.
“Es una buena noticia que el Consejo para la Transparencia asuma un rol más proactivo frente a gobiernos regionales que muchas veces actúan con discrecionalidad. El caso Procultura, que afectó a Ñuble, es reflejo de esa opacidad institucional”, afirmó.
Jardua, además, calificó el resultado de la región como una señal de alerta.
“Estar en el noveno lugar evidencia una falta de disposición para transparentar lo que se hace. Esto debe interpretarse como un llamado de atención para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública”, expresó.
Áreas críticas
El informe del CPLT evidenció, además, deficiencias críticas a nivel nacional en áreas clave como transferencias de fondos públicos -con cumplimientos por debajo del 50%- y en la publicación de información presupuestaria. De hecho, solo el 35,7% de los gobiernos regionales publicó adecuadamente sus modificaciones presupuestarias, y apenas el 37,5% dio a conocer su presupuesto asignado.
Asimismo, se constató que varios gobiernos regionales incumplen la obligación de mantener información histórica y presentan serias falencias en la divulgación de contrataciones y mecanismos de participación ciudadana. Estos vacíos afectan directamente la trazabilidad del uso de recursos públicos, debilitando el estándar de publicidad que exige la Ley de Transparencia.
Al respecto, la presidenta del CPLT, Natalia González, fue enfática.
“Vamos a utilizar todas las herramientas legales para garantizar el cumplimiento de la ley. La transparencia no es una opción: es una obligación legal y un compromiso con la ciudadanía”, argumentó.
