Fiestas masivas clandestinas se esconden tras supuestos eventos benéficos

Desde hace un par de semanas, la Mesa Regional de Seguridad está coordinando las acciones necesarias para abordar la proliferación de fiestas masivas clandestinas en Ñuble, especialmente en sectores rurales, y que no cuentan con los permisos necesarios para el expendio de alcohol y alimentos, ni las medidas de seguridad correspondientes.
Este tipo de eventos ha quedado al descubierto principalmente por denuncias de vecinos afectados por ruidos molestos, desórdenes y riñas que ocurren en las fiestas.
Algo que llama la atención es que los organizadores de las fiestas, en su mayoría, utilizan a organizaciones vecinales o deportivas como fachada para solicitar permisos para una supuesta actividad benéfica, que termina convirtiéndose en un evento lucrativo que se difunde por redes sociales y tienen una alta convocatoria.
“Estas celebraciones se presentan inicialmente como eventos comunitarios o con fines benéficos, solicitando permisos a los municipios, pero luego, al ser controlados por Carabineros u organismos municipales de fiscalización, se observa que son fiestas masivas de carácter comercial, sin los controles ni medidas de seguridad correspondientes. Estas fiestas, que son a veces solicitadas por alguna organización vecinal de muy buena fe, probablemente a los municipios donde se entrega, se realiza un pago de impuestos y luego termina siendo una fiesta no solamente de un beneficio, sino que fiesta de un negocio abierto”, explicó el seremi de Seguridad de Ñuble, Jorge Muñoz, quien agregó que “se desarrollan en sectores rurales, áreas apartadas de los centros urbanos, poseen características particulares en cuanto al tipo de música, cultura, religiosa, aniversarios, tendencia, lo que también conlleva al perfil de las personas que concurren a ellas”.
La Seremi de Seguridad trabaja en conjunto con las delegaciones provinciales, Carabineros y los Departamentos de Seguridad Pública de las 21 comunas para reforzar los aspectos administrativos y la fiscalización en terreno ante la solicitud para la realización de fiestas y eventos.
“Que se cumpla todo lo que se menciona en el documento inicial de solicitud de la fiesta o evento. No queremos que una fiesta que se dice para 200 personas termine siendo un evento masivo para más de 800, si es que no más, la mayoría de estos eventos irregulares se realizan sin cumplir con los protocolos para fiestas masivas, ni para el expendio de alimentos y bebidas alcohólicas, sumado que no cuentan con la seguridad necesaria para la realización de estos eventos y otros aspectos relevantes, es decir, contraviniéndose todas las medidas sanitarias y las prohibiciones y restricciones que han sido impuestas por la autoridad para salvaguardar la integridad y la salud de la población”, indicó.
Explicó que son varios los riesgos que representan las fiestas clandestinas masivas, partiendo de la base que pueden ser actividades alejadas de centros urbanos donde se carece de acceso a centros de urgencia, frente a cualquier eventualidad, evidenciando al mismo tiempo que las medidas de seguridad son nulas o inexistentes.
“En rigor, de producirse y concretarse, estas son fiestas abiertamente ilegales, que no cumplen ninguna normativa, no entregan seguridad mínima, generando riesgos para los asistentes tanto de exposición a ambientes sin control sanitario, con productos alimenticios preparados en condiciones inapropiadas y además, afectan al entorno inmediato y la calidad de vida, ya que los vecinos cercanos, sufren las consecuencias de ruidos molestos, vertederos improvisados, entre otras incivilidades, de esta manera, lo que puede ser una noche para la diversión, se puede convertir en una verdadera pesadilla. La sobreexposición al riesgo, al concurrir a estos eventos masivos que carecen de medidas de seguridad, la definen los expertos que son un cultivo de tragedias, todo se puede salir de control al no brindar estos eventos condiciones seguras, exponiendo al público a una verdadera trampa mortal al verse enfrentados, por ejemplo, a un incendio, eventos naturales, enfrentamientos violentos y otros”.
De acuerdo al seremi, a la fecha, “los procedimientos policiales vinculados a este tipo de actividades, que son mínimos, desde 2024 a la fecha, no reportan la detección de venta de drogas ni tampoco detenciones relacionadas a quienes organizan. En su mayoría, las concurrencias de fiscalizaciones efectivas dicen relación con el llamado de vecinos por ruidos molestos”.
Capital regional
El problema de las fiestas masivas clandestinas se ha abordado tanto en el Concejo Comunal de Seguridad de Chillán como en el Concejo Municipal. Sin ir más lejos, en la sesión de concejo de esta semana el gremio de Gastronomía y Entretenimiento (Gayen) exigió mayor fiscalización a los eventos que se desarrollan en parcelas, sedes vecinales e incluso en casas y bodegas del centro de Chillán, que no tienen permisos ni patentes y que están impactando económicamente a los negocios y locales establecidos.
En sectores como Parque Lantaño, Camino a Coihueco y Camino a Cato hay reportes de la realización de fiestas masivas ilegales a la que asisten especialmente jóvenes e incluso menores de edad.
“Son parcelas privadas con algún salón o quincho y se publican por redes sociales o del boca a boca, cobran una entrada o simplemente venden adentro el alcohol, también hay consumo de drogas. Hay, a veces, situaciones de violencia, peleas, riñas, que eso también incomoda a los vecinos aledaños”, explicó el concejal Rodrigo Ramírez.
Recordó que una de las principales trabas para frenar la realización de estos eventos no autorizados es la imposibilidad que tiene tanto Carabineros como los inspectores municipales para ingresar a fiscalizar en sitios privados.
“Frenarlo es bastante difícil, porque al ser recintos privados, Carabineros e Inspección Municipal no están facultados para poder ingresar a estos sitios, en este caso, a las parcelas, o en su defecto, algunas casas que las usan también como ‘after’. Obviamente, aquí hay un tema legal, de legislación, que debe también abordar el tema de cómo Carabineros o fuerzas de orden y seguridad pueden ingresar a recintos privados cuando existen denuncias por parte de los vecinos y viendo también esta situación que está ocurriendo”, dijo.
“Hasta el momento se aborda por ruidos molestos o si es que hay alguna situación fuera del recinto en la vía pública. Hemos tratado de insistir que también hay que identificar a los dueños de estos lugares para también multarlos y notificarlos. Esto es algo que se aborda un fin de semana, pero al otro aparecen dos o tres fiestas más”, añadió.
Para el concejal Ramírez es motivo de preocupación que a futuro las fiestas clandestinas alteren el entorno de las comunidades donde se organizan estas celebraciones.
“Se están utilizando lugares que no tienen, primero que todo, permisos legales, patentes, ni nada que permita realizar este tipo de actividades. El tema del consumo de alcohol y, por sobre todo, el consumo de drogas, es muy difícil poder controlarlo, porque aquí va gente menor, hay de todo tipo de edades y también de todo tipo de situaciones socioeconómicas. Lo que preocupa es que esto, el día de mañana, se salga de control y se generen también situaciones que afecten a los vecinos del sector. Nosotros queremos controlar y tener una ciudad ordenada y para eso también tenemos que tener facultad y herramientas para poder controlar este tipo de situaciones”, señaló.
En tanto, desde la Dirección de Seguridad Pública e Inspección indicaron a LA DISCUSIÓN que “no hemos recibido denuncias concretas sobre la temática (fiestas clandestinas masivas) de parte de la comunidad. No obstante, estamos analizando este tema que ha comenzado a ser planteado a nivel local, regional y nacional”.
Agregaron que “creemos que se trata de situaciones que requieren un trabajo multidisciplinario donde confluyan esfuerzos de diferentes entidades locales y gubernamentales. Lo que esperamos es que en el eventual control de actividades de ese tipo participen entidades que tengan atribuciones y capacidades operativas”.
Fiestas rancheras
En la comuna de San Carlos, ante el alza de denuncias por fiestas masivas no autorizadas, el municipio ha endurecido los criterios para autorizar eventos masivos, aplicando mayores restricciones de aforo y prohibiendo la venta de alcohol en aquellas actividades que busquen obtener autorización oficial.
“Hemos registrado un aumento sostenido en las denuncias relacionadas con la realización de eventos no autorizados, particularmente, fiestas rancheras que se convocan a través de redes sociales y que generan serias alteraciones al orden público. Estas actividades, que se concentran principalmente en sectores rurales, han derivado en un alza de reclamos por ruidos molestos, desórdenes, consumo excesivo de alcohol y riñas, afectando gravemente la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas”, indicó el alcalde Rubén Méndez.
Es en este contexto que han fortalecido el trabajo conjunto con Seguridad Pública, Carabineros y Delegación Presidencial para intensificar la fiscalización preventiva, tanto en sectores urbanos como rurales. “Nuestro compromiso es con la seguridad, la convivencia y el respeto por las familias de San Carlos, y no permitiremos que actividades que no cumplen con la normativa alteren la paz social ni pongan en riesgo la integridad de la comunidad”, destacó.
La autoridad de la capital provincial de Punilla explicó que, al tomar conocimiento de un evento masivo, proceden a fiscalizar y entrevistar al encargado o responsable de la actividad, quien debe exhibir el permiso correspondiente. “En caso de negativa a colaborar o no contar con documentos que autorizan la realización del evento, se toma contacto con Carabineros para activar protocolo, que puede concluir en la detención, incautación y suspensión del evento. Si existen ruidos molestos para la comunidad, se le solicita al responsable bajar la música y en caso de no realizarlo, se le cursa infracción”, detalló.
“Hasta la fecha no se han realizado clausuras, pero si se han denegado dos autorizaciones de eventos masivos del tipo ranchero, que habían sido publicitados por redes sociales con venta de entradas”, precisó.
Por su parte, la delegada presidencial provincial de Punilla, Rocío Hizmeri, sostuvo que desde el inicio de su gestión se advirtió la realización de actividades masivas no reguladas, que se habían vuelto una práctica habitual, especialmente en sectores rurales y algunos sectores urbanos y ponían en riesgo la seguridad pública, por lo que procedieron a actualizar el reglamento para la realización de eventos masivos, estableciendo requisitos más estrictos. Además, detectaron que detrás de muchas de estas actividades había productoras operando de manera irregular, algunas incluso ofreciendo dinero a juntas de vecinos para obtener permisos.
“En varios casos, se trata de productoras que se acercan a organizaciones sociales ofreciendo dinero a cambio de gestionar permisos para la venta de alcohol o realizar eventos con fines supuestamente benéficos. En ocasiones, los beneficios que se mencionan como el apoyo a personas enfermas que no existen o no se concretan, y los montos que entregan a las organizaciones son mucho menores que lo recaudado en los eventos”, dijo la delegada.
Los casos de fiestas masivas ilegales se abordan mediante una mesa de trabajo activa con la Delegación Provincial, Carabineros, PDI, Seremi de Seguridad, Seremi de Salud, SII y Municipalidad. Entre las acciones intensifican fiscalizaciones, las cuales han permitido que en muchos casos los organizadores han decidido suspender los eventos.
En la provincia de Itata, el delegado presidencial provincial, Mario Cruces, indicó que en lo que va del año no se han registrado fiestas masivas clandestinas, sin embargo, han reforzado los protocolos de manera preventiva, a través de mesas de coordinación, con el fin de asegurar el cumplimiento de las medidas y resguardar el bienestar de las comunidades.
“Esta instancia de trabajo junto al Seremi de Seguridad y los equipos de seguridad municipal busca fortalecer los protocolos y lineamientos relacionados con la autorización y cumplimiento de normativas para la realización de eventos masivos. Es fundamental que los municipios sean categóricos en la exigencia de estos protocolos para garantizar la seguridad y el orden”, dijo.
Reglamento
Las solicitudes, autorizaciones y demás procedimientos administrativos para los eventos masivos se encuentran establecidos en la ley N° 21.659.
Este reglamento rige a los organizadores, productores, asistentes, propietarios o administradores de recintos, así como los demás participantes en la realización de eventos masivos, sean estos recreativos, culturales o de cualquier otra índole. No quedarán sujetas a este reglamento las actividades que ordinariamente realicen los establecimientos gastronómicos o de entretenimiento, tales como teatros, cines, bares, discotecas o restaurantes, de acuerdo a las patentes comerciales que posean de conformidad a la ley.
“Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, toda solicitud o requerimiento dispuesto en este reglamento deberá acompañarse de una declaración jurada simple, suscrita por el solicitante, en la que este manifieste que la totalidad de la información presentada y sus antecedentes complementarios son fidedignos y adecuados para el cabal cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios”, explicó el seremi de Seguridad, Jorge Muñoz.
Agregó que el reglamento establece los derechos y deberes en la celebración de eventos masivos, distinguiendo entre los derechos/deberes de los asistentes y los organizadores del evento. Asimismo, establece el procedimiento de autorización de un evento masivo, la solicitud deberá ser presentada ante la Delegación Presidencial Regional correspondiente al lugar donde se pretende celebrar el evento.
“En conclusión, se puede expresar que todo lo contrario a estos deberes legales en cuanto a esta materia se encuentra en contravención, lo que procede a la intervención de Carabineros de Chile e Inspectores Municipales. Inevitablemente la falta de permisos respectivos llevará a los organizadores a exponerse no solo a sanciones en dinero a través de multas, sino, además, la posibilidad de ser detenidos e incautados todos los productos en venta”, subrayó.