Un proyecto de ley que busca sancionar la filtración y difusión de antecedentes de investigaciones penales ha desatado una intensa controversia en el mundo político, judicial y de los medios de comunicación.
Presentada en abril por un grupo transversal de senadores, la propuesta ha sido bautizada por sus detractores como la “Ley Mordaza 2.0”, en alusión a un intento fallido de 2016 que buscaba limitar la publicación de información en casos de alta connotación pública.
La iniciativa fue firmada por los senadores Pedro Araya (Ind./PPD), Luz Ebensperger (UDI), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Alfonso de Urresti (PS), y surge en respuesta a recientes filtraciones en los denominados casos Audios, Monsalve y Sierra Bella.
Según sus impulsores, existe una tensión creciente entre el derecho a la intimidad de los involucrados y el derecho a la información y transparencia en el proceso penal. El proyecto plantea modificar el Código Procesal Penal para establecer sanciones penales no solo a quienes filtran antecedentes, sino también a quienes los difunden, lo que incluiría a periodistas.
“El que de cualquier modo entregare, informare, difundiere o divulgare información de cualquier naturaleza acerca de antecedentes de una investigación amparada por el secreto, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado medio a máximo”, señala el texto.
Rechazo desde Ñuble
El senador Gustavo Sanhueza (UDI) fue categórico.
“Nunca apoyaría una ley mordaza. En pleno siglo XXI, y con los escándalos públicos que hemos conocido, la prensa ha jugado un rol fundamental para el adecuado control social en un ambiente de corrupción”, declaró.
Sanhueza añadió que la redacción del proyecto es ambigua y que no distingue adecuadamente entre las filtraciones que realizan funcionarios públicos y el ejercicio legítimo del periodismo.
“Entiendo que lo que busca el proyecto es proteger el buen término de los procesos penales, pero no puede ser a costa de un derecho sustancial en toda democracia. Al menos en estas condiciones, no estoy disponible para su aprobación”, advirtió.
En la misma línea, el diputado Cristóbal Martínez (UDI) señaló que su bancada no respaldará ninguna iniciativa que ponga en jaque la libertad de prensa.
“Cualquier proyecto que atente contra la libertad de prensa y de opinión lo vamos a rechazar. Lo que aquí se debe fortalecer son las sanciones contra quienes filtran informes reservados de manera malintencionada, pero no a quienes los difunden, como por ejemplo los medios de comunicación”, indicó.
“Coartar libertades no es el camino y, por lo demás, ya existen normas que sancionan las filtraciones por parte de quienes tienen la obligación legal de resguardar el secreto”, añadió Martínez.
Proyecto genera preocupación
El Colegio de Periodistas, a través de su sede metropolitana, emitió una declaración pública rechazando enérgicamente la moción. La organización argumentó que el proyecto “expone a periodistas y medios a la criminalización, ignorando su función democrática”.
“Gracias al periodismo, la ciudadanía ha conocido casos de corrupción y uso indebido de fondos públicos que de otro modo habrían permanecido ocultos. Esta iniciativa retrocede hacia la opacidad y debilita la democracia”, sostuvo el gremio.
En tanto, la defensora nacional, Verónica Encina, también hizo ver sus reparos. Si bien coincidió en que las filtraciones pueden dañar la presunción de inocencia de imputados aún no formalizados, advirtió que la solución no puede pasar por criminalizar a los medios.
“La solución debe estar basada en datos, trazabilidad institucional y mecanismos de control, no en criminalizar la defensa ni a los medios de comunicación”, dijo.
Encina criticó especialmente la creación de una “carpeta paralela” de antecedentes reservados bajo criterio exclusivo del Ministerio Público, lo que a su juicio rompería el equilibrio entre las partes del proceso penal.
“Se trata de un espacio opaco, sin trazabilidad ni fiscalización, que impide el acceso de intervinientes a información clave y abre la puerta a sancionar incluso a quienes solo difunden”, afirmó al medio La Tercera.
Distancia desde el Gobierno
Desde el Ejecutivo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, tomó distancia del texto legislativo y aseguró que el gobierno del Presidente Gabriel Boric “no va a promover ninguna iniciativa que implique atentar contra la libertad de expresión”.
Recalcó que, si bien es legítimo sancionar a quienes tienen acceso formal a información reservada y la filtran, eso no puede extenderse a los medios de comunicación.
“Respecto de los medios, creemos que no pueden tener el mismo tratamiento que quienes tienen acceso a esta información en virtud de sus distintas responsabilidades. Hay que siempre respetar y consagrar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y el rol que realizan los medios”, sostuvo.
