Una de las lecciones que nos dejó la pandemia del covid-19, hace 5 años, es que el miedo y la incertidumbre son terreno fértil para las noticias falsas. Hoy, en pleno inicio de un nuevo ciclo electoral, ese terreno vuelve a florecer.
Pocas circunstancias son tan fértiles para la proliferación de (mentiras disfrazadas de información) como una elección polarizada y ampliamente mediatizada.
En ese clima, los discursos se intensifican, y las mentiras se reproducen como verdades convenientes para algunos. La viralización automática de imágenes manipuladas, frases inventadas y descontextualizaciones no es casualidad: es una estrategia. Y su blanco favorito son los candidatos o candidatas que lideran las encuestas. Las fake news no construyen, no aportan argumentos, no enriquecen el debate público. Buscan, en cambio, sembrar alarma, desconfianza y daño.
En las últimas semanas, plataformas de verificación como Mala Espina y AFP Factual, integrantes de la Alianza Comprueba -de la que también somos parte desde La Discusión-, han desmentido contenidos falsos atribuidos a figuras como José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Carolina Tohá y Gonzalo Winter. Pero no es un fenómeno que se limite al ámbito nacional. En Ñuble también hemos visto cómo la desinformación puede tener consecuencias muy reales.
Hace poco, en Coihueco, el Conservador de Bienes Raíces colapsó. ¿La razón? Una fake news difundida durante la campaña municipal del año pasado. Algunos candidatos, o personas ligadas a ellos, difundieron en redes sociales videos asegurando que había un plazo de 30 días para reinscribir los títulos de dominio, o los vecinos perderían sus propiedades. Era falso. Pero el daño ya estaba hecho: el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, magistrado Guillermo Arcos, confirmó que en pocas semanas se ingresaron casi cinco mil solicitudes, cuando el promedio mensual normal es de 70 u 80. Una avalancha provocada por la desinformación.
Especialistas e investigadores de este fenómeno coinciden en que es importante contar con un marco normativo que sancione las noticias falsas, pero la cuestión de fondo pasa por la educación. Ese es el gran desafío: educar en pensamiento crítico, en conciencia comunicativa, en responsabilidad informativa. Tener herramientas para enseñar a detectar, cuestionar y rechazar las noticias falsas, sin caer en la censura o el autoritarismo. Proteger la libertad de expresión, pero también el derecho de las personas a recibir información veraz y oportuna.
Como sociedad, debemos avanzar hacia un marco legal que castigue la difusión malintencionada de información falsa, especialmente cuando daña a personas, instituciones o al interés público. Pero también, y sobre todo, debemos fortalecer los valores que sostienen la vida en comunidad: la verdad, la confianza, la buena fe y la credibilidad. Sin ellos, la convivencia se resiente, el diálogo se rompe y la democracia se debilita.
