La Contraloría General de la República (CGR) emitió este lunes un conjunto de instrucciones para reforzar la fiscalización y sanción ante el uso indebido de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. La medida busca determinar y hacer efectivas las responsabilidades administrativas a través de sumarios disciplinarios.
Según detalló el organismo en un comunicado, se trata de un documento de siete puntos que establece los lineamientos para que las autoridades competentes evalúen si corresponde instruir uno o más procedimientos disciplinarios. Estos podrán abordarse individualmente o en forma agregada, según la cantidad de casos y las características de los funcionarios involucrados —como su jerarquía, grado o unidad de dependencia—.
En cuanto a la designación de los fiscales encargados de las investigaciones, la CGR estableció que estos no deben tener una relación de subordinación con el funcionario investigado, y deben contar con un grado jerárquico igual o superior. Además, tendrán amplias facultades para llevar adelante las indagaciones, y los demás trabajadores estarán obligados a colaborar en el proceso.
“En cuanto a la investigación, el fiscal podrá valerse de todos los medios de prueba. Sin embargo, con el objeto de acreditar los hechos de que da cuenta el CIC N°9 (informe que detectó el uso de licencias para salir del país), deberá contar, en primer lugar, de la certificación oficial de la Policía de Investigaciones de Chile en relación con la fecha de entrada y salida del país correspondiente”.
Asimismo, Contraloría enfatizó que todos los procedimientos deberán respetar el debido proceso, garantizando el derecho a defensa de los implicados.
Finalmente, se recuerda que, de acuerdo con lo dispuesto por este organismo de control, están afectos a toma de razón, los actos administrativos que dispongan sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos ordenados instruir por la Contraloría en los servicios sometidos a su fiscalización. Asimismo, el inculpado podrá ejercer el derecho a reclamo ante la CGR“, recalca el escrito.
Como parte de esta estrategia, se lanzó además el nuevo Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), una plataforma digital que permitirá a la Contraloría monitorear en línea los procedimientos disciplinarios instruidos en organismos públicos y municipios.
Este sistema busca reforzar la trazabilidad y control interno de cada caso. Para ello, cada institución deberá designar a dos funcionarios responsables de subir los documentos requeridos por la CGR.
