Un nuevo debate se instala en el Congreso Nacional: el proyecto de ley que busca eliminar el tope de 11 años en la indemnización por años de servicio.
Esta iniciativa propone modificar directamente el artículo 163 del Código del Trabajo, restableciendo el cálculo completo por cada año efectivamente trabajado, sin límite legal, en caso de despido injustificado.
La medida, que pondría fin a una norma heredada de la dictadura –establecida en 1981 mediante la Ley N.º 18.018– ha generado diversas reacciones en el mundo político, especialmente entre los parlamentarios de la Región de Ñuble.
La discusión está abierta, con visiones contrapuestas que reflejan tanto preocupaciones técnicas como enfoques ideológicos.
Lo cierto es que, a medida que avance el proyecto en el Congreso, los trabajadores y empleadores estarán atentos a una reforma que podría redefinir el equilibrio en las relaciones laborales en Chile.
A favor del debate
El diputado independiente-DC, Felipe Camaño, se manifestó a favor de la eliminación del tope, argumentando que “en Chile éste no existía, se incorporó en dictadura y nunca fue repuesto a los trabajadores, por tanto, es una discusión válida y que hay que dar como país”.
No obstante, fue enfático en que el debate debe ir más allá del simbolismo.
“Si el Frente Amplio quiere dar esta discusión de manera seria y que no se quede solo en un anuncio de sus diputados, su gobierno debe participar de manera activa en esto, presentando indicaciones y propuestas”, dijo.
Camaño advirtió que un cambio de este tipo debe ser implementado con responsabilidad, especialmente en un contexto de baja en la creación de empleos y con Ñuble entre las regiones más golpeadas por la cesantía.
“Tiene que venir de la mano de subsidios para las pymes de parte del gobierno y de un plan estratégico que permita hacerlo posible”, mencionó.
El diputado también adelantó que su bancada está impulsando una propuesta alternativa.
“Estamos impulsando un proyecto para establecer una indemnización a todo evento, una fórmula que también debería ser analizada, y que busca equiparar derechos en el mundo del trabajo”, afirmó.
En tanto, la diputada Sara Concha, del Partido Social Cristiano, pidió responsabilidad técnica en el tratamiento del proyecto.
“Creo que se debe abordar y discutir con una mirada mucho más técnica, que contemple tanto los efectos que podría generar en la contratación de trabajadores, así como la realidad de las pequeñas y medianas empresas”, aseveró.
Concha enfatizó su disposición al diálogo, pero advirtió sobre la posible utilización política del debate.
“Espero que este tipo de debate no se utilice con fines electorales o que se instrumentalice a los trabajadores para ganar elecciones”, sostuvo.
La parlamentaria también recordó que ella ha impulsado otras propuestas laborales, como un proyecto que reconoce derechos a los alumnos en práctica.
No aumentar, sino disminuir el tope
Desde la UDI, el diputado Cristóbal Martínez expresó un rechazo tajante a la idea de eliminar el tope, calificando la medida como potencialmente dañina para la economía regional.
“Eliminar el tope a las indemnizaciones puede sonar atractivo en el discurso, pero en la práctica golpeará con mucha fuerza a las pequeñas y medianas empresas”.
El parlamentario criticó el enfoque del proyecto, tildándolo de populista:
“Imponer nuevas cargas sin considerar el contexto económico y laboral que estamos viviendo es sencillamente irresponsable, porque puede poner en serio riesgo la contratación futura”, expresó.
Martínez advirtió que iniciativas como ésta pueden tener efectos adversos:
“Medidas improvisadas y populistas sólo agravan los problemas que supuestamente pretenden resolver”, dijo.
Por su parte, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, se mostró crítico del proyecto, pero desde una visión distinta.
A su juicio, la indemnización por años de servicio debería reducirse, no ampliarse.
“Hoy día el mercado laboral tiene condiciones muy distintas de las de hace unas décadas atrás. Los trabajadores jóvenes defienden mucho su espacio, su libertad, y no tienen el mismo concepto de permanecer en una empresa permanentemente”.
Sauerbaum sostuvo que el sistema actual no se ajusta a la nueva realidad del trabajo en Chile, en que los jóvenes “en promedio están trabajando en una empresa seis meses. Se cambian, viajan, estudian. Tiene que haber una modificación importante de la indemnización por años de servicio, disminuyéndola, no a cero, pero quizás con muchos menos años de participación en una sola empresa”, sentenció.
