La última vez que el Gobierno entregó un informe respecto a lo que ellos consideran “sobrepoblación” dentro de los planteles penales del país, se estableció que el centro de cumplimiento de Chillán presentaba un 192% de ocupación. “Pero eso es un error, porque se llegó a esa cifra por una fórmula de cálculo equivocada”, sostuvo el suboficial de Gendarmería, Cristián Montecinos, presidente regional de la Asociación de Funcionarios Penitenciarios (An-fup) de Ñuble.
La observación se basa en que la estimación gubernamental habría hecho cálculos entre la cantidad de personas privadas de libertad y el número de metros cuadrados de cada estructura.
“Y con eso se consideran espacios que no corresponden a los que son habitados por los reos, es decir, las salas administrativas, por ejemplo, no pueden ser consideradas en este cálculo”, explica.
De esta manera, en la Anfup Ñuble resolvieron la ecuación utilizando la cantidad de metros cuadrados usados por los reclusos por el número de personas que conforman el plantel. “Y eso nos da un 370%”, añade el dirigente gremial.
Con base en las cifras de la Anfup, para fines de abril, solo la cárcel de Chillán ya superaba los 800 prisioneros, número al que nunca antes se había llegado en la historia de ese polémico edificio.
Por tal razón, desde la Anfup están haciendo un llamado urgente a las autoridades del Estado a poder activar algún plan de descongestión, mediante traslados a otras cárceles del país.
Tales estadísticas sitúan a la cárcel de Chillán “en uno de los 10 penales más hacinados del país, toda vez que ya no se cuenta con el espacio donde antiguamente funcionaba la sección femenina, el que fue asignado a otro estamento operativo de la institución y tampoco la antigua sección juvenil, que fue readaptada como Centro de tratamiento de Adicciones (CTA) con capacidad para 20 privados de libertad y que está ad portas de inaugurarse.
Es por ello que es imperioso contar con un despiche urgente de reclusos fuera de la región para poder subsistir durante el año 2025”, sostuvo Montecinos.
Prevención de la tortura
La Discusión buscó el parecer y conocer planes de contingencia tanto en la Dirección Regional de Gendarmería como en la Seremi de Justicia. Sin embargo, en ambas instancias y a través de sus unidades de comunicación, dijeron que no se iban a referir a este tema.
Quien sí lo hizo fue Jorge Bustos, director regional (s) del Instituto de Derechos Humanos Ñuble, quien hace un par de semanas estuvo visitando la cárcel de San Carlos y bajo su parecer “allá ya también hay hacinamiento. De hecho ya tiene reos durmiendo en el suelo”.
El director dijo que “ya se hizo un estudio, por parte de la Comisión de la Prevención de la Tortura, la CPT, y existe real preocupación por lo que está pasando en el país, ya que si bien esto es en casi todas las cárceles, sencillamente no puede ser que se tenga esos grados de hacinamiento”.
En el INDH saben de las riñas, de los contagios por enfermedades, de los lanzamientos de drogas y del cada vez mayor contagio criminógeno, “pero esto pasa porque en más de 20 años nadie se hizo cargo de este tema y le opinión del INDH es que el Estado ya tiene que actuar”.
