La Comisión para la Paz y el Entendimiento -que buscaba asesorar al Ejecutivo con propuestas para resolver el problema histórico de tierras indígenas- terminó su trabajo sin lograr el apoyo unánime que se había autoimpuesto, pero de todas formas entregará un documento al Presidente Gabriel Boric.
La instancia trabajó a contrarreloj hasta el último segundo de su plazo fatal: el miércoles 30 de abril, establecido tras dos aplazamientos por no lograr un consenso en el punto relativo a la restitución de tierras, que estos días estaba bajo cuestionamientos opositores por su eventual impacto fiscal.
“La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento -iniciada en junio de 2023- terminó su mandato, expresado a través del decreto N°14 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del año 2023”, expresó la instancia en un comunicado.
“La propuesta elaborada por los comisionados, representantes de diversos sectores políticos y sociales, si bien no logró la unanimidad, alcanzó el respaldo y un amplio consenso de siete de los ocho participantes”, añade el texto.
“Este acuerdo transversal representa un hito histórico en la búsqueda de un camino de paz y entendimiento para las regiones del sur de Chile. Los resultados de este trabajo se presentarán prontamente al Presidente de la República”, cierra la misiva.
Los ocho integrantes de la Comisión para la Paz y el Entendimiento fueron el senador DC Francisco Huenchumilla, la diputada PS Emilia Nuyado, el dirigente y político de origen mapuche-lafkenche Adolfo Millabur y la encargada de la Unidad de Pueblos Originarios del GORE Biobío, Gloria Callupe, que representan al oficialismo.
Los restantes -representantes de la oposición-, eran el excanciller Alfredo Moreno (cercano a la UDI), la senadora y otrora republicana Carmen Gloria Aravena, el abogado Nicolás Figari y el presidente de la Asociación de Agricultores Malleco, Sebastián Naveillán.
Si bien, los contenidos de este borrador aún no son de conocimiento público, algunos comisionados revelaron que se acogió la propuesta de ley de víctimas, se incorporó el concepto de terrorismo y se reconoció la deuda del Estado de Chile con las víctimas.
