El abogado Enrique Aldunate, quien pertenece al equipo de representantes legales del gobernador Óscar Crisóstomo, le solicitó al tribunal de Garantía de Chillán, que decretara una orden para cautelar que la información respecto a los contenidos del celular y computadores que le fueron incautados a la autoridad regional en el marco de la investigación por el caso Pro-Cultura, no se le revelaran a la prensa, ni a los querellantes de la causa.
Si esta petición se hubiese realizado en 2023, a todos los intervinientes les hubiese parecido una obviedad impropia de un estudio jurídico, sin embargo, hoy los casos de filtraciones de expedientes de contenidos de celulares en otras causas emblemáticas, como los chats del abogado Luis Hermosilla con jueces, directores de servicios públicos, políticos y otras autoridades, han generado legítimas dudas respecto al resguardo de la cadena de custodia del material incautado por las policías.
De hecho, el Ministerio Público ha ordenado cerca de 60 sumarios en varias fiscalías del país, debido a que se registraron igual cantidad de revisiones on line de la causa Hermosilla, por parte de funcionarios fiscales que no eran intervinientes.
Es por eso, y con otros ejemplos más cercanos, como las filtraciones de los chats entre la alcaldesa de Santiago, Hiraci Hassler, y la diputada Carol Cariola denostando al actual Gobierno y al Presidente Gabriel Boric, es que el equipo de abogados del gobernador, tomó estos resguardos.
Sin embargo, la intervención del magistrado Carlos Benavente fue la mínima, ya que en estricto rigor, lo que se realizó en la audiencia fue la exposición por parte de la Fiscalía de Coquimbo (que lleva la causa en el ámbito nacional) respecto a cómo se iban a distribuir las carpetas, se aseguró que estas solo tendrían información respecto al caso indagado y que no habrían filtraciones a la prensa.
En este tenor, el abogado Aldunate explicó que “esta defensa planteó el riesgo efectivo que existe de que las conversaciones que se encuentran en los equipos electrónicos que fueron objeto de investigación y pericia en el contexto de la investigación Pro Cultura, debían ser debidamente resguardado por el Ministerio Público”.
De esta manera, y luego de preguntar si todas las partes habían quedado conformes con las garantías expuestas por Fiscalía, el magistrado dio por cerrada la audiencia.
La carpeta sí llega al querellante
Pese a lo anterior, no todos los puntos solicitados por la defensa se acogieron, o al menos no hubo un pronunciamiento del tribunal al respecto.
En específico, lo que corresponde a que las carpetas tampoco le llegaran a los querellantes de la causa, que en el caso del gobernador Crisóstomo, son los consejeros regionales Lorena Jardúa y Cristian Quilodrán.
“Es que eso no se puede negar porque es un derecho”, explica el abogado Juan Pablo González, querellante por ambos consejeros.
El litigante, quien también estuvo presente en la audiencia como interviniente, aclara que “es evidente que estas carpetas, de las que nosotros también tendremos copia, contienen documentación e informes que dicen estricta relación con los hechos investigados en el caso Pro-Cultura, y no con otros hechos que, de interés legal o no, no sean de valor para estas investigaciones”.
De todas formas, el penalista advierte que “en el caso hipotético que se descubra, en esos contenidos del teléfono o del computador, evidencia que dé pie para la investigación de un eventual delito distinto, la PDI debe informárselo a la Fiscalía, y en caso que ellos abran una causa que resulte en una formalización, ya sería resorte del Ministerio Público si lo informa o no a los medios, porque en efecto, sería una causa totalmente diferente a lo de Pro Cultura”.
El estado de “secreta” de la causa Pro Cultura, debería expirar en las próximas semanas.
