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La promesa de una nueva cárcel

Un explosivo aumento registra la población penal en nuestro país, superando largamente las capacidades del sistema penitenciario. En los dos últimos años creció un 57%, es decir 8.000 reos por encima de su capacidad actual. Este colapso se refleja en todo el país. En Ñuble, según antecedentes oficiales, la sobrepoblación alcanza el 130%.

La solución es ampliamente conocida y los cuatro gobiernos que ha habido desde 2010 hasta la fecha prometieron distintos proyectos que apuntan al mismo objetivo: sacar a la cárcel del centro de Chillán y construir un nuevo recinto en una zona con menor densidad de población. Sin embargo, ninguna de esas promesas se concretó.

Después del terremoto del 27F, que puso una potente señal de alerta, dado que aquella fatídica madrugada se produjo un incendio en el penal y una fuga masiva de reos que causó mucho temor entre los vecinos y causó un incendio que destruyó los inmuebles aledaños, el Gobierno de la época asumió como un compromiso la construcción de una nueva cárcel, sin embargo, a poco andar desistió de la idea y optó por reparar el antiguo centro penitenciario, mientras que posteriores administraciones han hecho lo mismo, invirtiendo en medidas de seguridad y algunas mejoras, pero siempre sobre la misma infraestructura obsoleta, en la cual se apiña una población numerosa que excede largamente su capacidad de albergue. Tal convivencia, lejos de ayudar a la rehabilitación, la convierte en una escuela de aprendizaje del delito, además de dejarla expuesta a situaciones sanitarias complejas, como ocurrió durante la pandemia y más recientemente con un foco de tuberculosis que cobró la vida de un interno.

Los múltiples anuncios de traslado de la cárcel de Chillán y de un nuevo recinto penal que nunca se concretan han sido una constante, a tal punto que tras dos décadas los chillanejos nos hemos malacostumbrado a escuchar en reiteradas ocasiones el mismo anuncio oficial y a esperar en vano que se cumpla con la promesa y la obra sea una realidad.

No hay duda que el sistema penitenciario es el eterno pariente pobre de la Justicia. Abundan las promesas de revertir esa realidad, igual que declaraciones bienintencionadas, como las que hizo recientemente del delegado presidencial -que después que el propio Gobierno descartara la construcción de un nuevo penal en Ñuble- aseguró que continúan las gestiones para conseguir un terreno.

Como se recordará, cuando se han analizado opciones para construir un nuevo recinto penal, han surgido alternativas de ubicación que enfrentaron la oposición de las comunidades vecinas y de sus autoridades comunales, lo que una y otra vez fue dilatando la decisión y haciendo más difícil la solución.

Hoy estamos en el mismo escenario que hemos presenciado por dos décadas ante un tema para el cual parece no haber respuesta y donde sigue ausente la decisión firme de encarar la cuestión carcelaria mediante una política de Estado que la aborde en todos sus complejos aspectos.

Probablemente si se procediese de esta última manera, se progresaría muchísimo en la lucha contra la inseguridad.

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