La reforma de pensiones impulsada por el Gobierno, que en teoría busca mejorar los montos de las actuales y futuras pensiones, ante la evidencia de un modelo que no ha cumplido con su promesa de alcanzar una tasa de reemplazo superior al 70%, está en su recta final. Anoche, al cierre de esta edición, era votada en el Senado, donde contaba con un apoyo bastante transversal, no así en la Cámara Baja, donde hay mucha más dispersión política y el alineamiento más difícil de lograr.
Sin embargo, las señales apuntan en dirección a que la propuesta será aprobada. Con el respaldo del oficialismo y de la mayor parte de la oposición, igual que del empresariado, sería una sorpresa que hoy la mayoría de los diputados y diputadas la rechazaran.
El proyecto incluye un aumento de 7 puntos porcentuales en la cotización para pensiones, de los que 6 puntos irán, en el largo plazo, a las cuentas de los trabajadores y el resto, en lo esencial, permitirá financiar aumentos de pensiones para equiparar las de hombres y mujeres. Además, se incluiría un mecanismo de licitación periódica del stock de afiliados a las AFP con el fin de aumentar la competencia y reducir las comisiones. En resumen, más recursos para pensiones, mayor equidad de género y más competencia para las AFP.
En honor a la verdad, después de dos años de discusión en este gobierno y otros ocho en administraciones anteriores, lo que se está votando proviene probablemente del mejor acuerdo al que se podría haber llegado, considerando no solo la configuración del Parlamento (donde la oposición tiene mayoría en ambas cámaras), sino también la opinión de la ciudadanía, que ha desarrollado un sentido de propiedad sobre los fondos y prefiere protegerlos del brazo del Estado, tildado por mucha gente como un mal administrador.
El envejecimiento poblacional constituye un índice de alta significación en lo que concierne a la estructura social de Chile y especialmente de la Región de Ñuble, no solo a causa del incremento de personas de edad avanzada, sino porque esta transformación expande las necesidades económicas de la población mayor, partiendo por las pensiones. A nivel local esta correlación se vuelve más dramática. Ñuble es una de las regiones con más personas mayores y la que en promedio muestra los ingresos más bajos de sus jubilados. Más del 70% de las pensiones están por debajo del salario mínimo, incluyendo el aporte de la PGU, y para aquellas personas que cotizaron en torno a 40 años, el sistema de cuentas individuales está entregando una tasa de reemplazo menor a un tercio del salario que ganaban como promedio los últimos diez años.
La sociedad chilena ha entronizado a la propiedad privada de los fondos previsionales como un valor primario, y ello ha generado, como consecuencia, un disvalor para quienes requieren solidaridad intergeneracional debido a la precariedad del empleo, los bajos montos de ahorro y las lagunas previsionales que tuvieron durante su vida laboral. Por eso, hoy el mayor desafío de nuestros representantes políticos es mitigar los efectos económicos del envejecimiento poblacional y atender las necesidades básicas de un segmento de nuestra población que será cada vez más grande. Indudablemente, va en ello nuestro propio futuro.
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