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Con un contundente apoyo, la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto, impulsado por el Ejecutivo, que viene a entregar un aporte monetario a profesores y profesoras que no recibieron el pago de una asignación en los años 80, acción que pasó a conocerse como “deuda histórica” del magisterio.
En 1979, se publicó el decreto ley 3.063. En él se establecieron normas sobre rentas municipales y se autorizó que las municipalidades tomaran a su cargo el servicio educativo. Esto provocó que a partir de 1980, se ordenara el traspaso de la administración de los establecimientos educacionales públicos desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, corporaciones municipales o a entidades sin fines de lucro bajo el régimen de administración delegada (decreto ley 3.166).
Dicho traspaso tuvo diversas consecuencias que la entonces Junta de Gobierno buscó subsanar a través de un nuevo decreto ley (3.551). En él, junto a un aumento en el sueldo base para el sector público, creó una asignación especial no imponible para los docentes dependientes del entonces Ministerio de Educación Pública. Su finalidad fue compensar el deterioro de la retribución económica de los trabajadores de la educación. Esta asignación especial debía pagarse entre los años 1981 y 1988. Sin embargo, en muchos casos, los nuevos empleadores desconocieron esta asignación. De ahí el origen de la “deuda histórica”.
La propuesta otorga un aporte único de cargo fiscal. Éste será pagado a las y los docentes traspasados que no recibieron la citada asignación entre 1980 y 1987.
Se trata de un monto de $4 millones quinientos mil por beneficiario o beneficiaria. Se pagará en dos cuotas y existirán seis períodos de pago. Los cupos disponibles por año tendrán un perfil de priorización que tomará en cuenta la edad de las y los beneficiarios. Así, se comenzará con las personas de mayor edad a las de menor edad. El universo considerado es de 57.560 personas, quienes deberán renunciar expresamente a cualquier derecho, acción o reclamo a perseguir el pago de la asignación.
“Debe ser en una cuota”
Feliz estaba ayer el diputado Felipe Camaño (ind.-DC), por la aprobación de la iniciativa. Sin embargo, tiene algunos reparos.
“Hay ciertas cosas que deberían corregirse y mejorarse, como los años en los cuales se pagará dicha de deuda, la situación de los profesores que ya fallecieron sin poder recibir un peso (creo que lo más justo es que sus herederos puedan acceder también a esta compensación); y por último, y lo más importante, la norma del artículo 5 del proyecto que obliga a los profesores a renunciar a demandar al Estado luego de acceder a la compensación que establece el proyecto. Creo que una norma de este estilo es desproporcionada, ya que hace que los profesores renuncien a un derecho, y eso es poco honesto, porque sabemos que la propuesta es menor a la deuda total que se tiene con los profesores, y muchos de ellos hoy están accediendo a recibirla solo porque ya están cansados de luchar luego de más de 40 años, y cuando muchos de estos profesores incluso ya fallecieron sin recibir un peso”, enfatizó.
Si bien aprobó la iniciativa, el diputado por Ñuble e integrante de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum (RN), resaltó con dureza lo que considera “falencias” del proyecto.
“Lo que se votó hoy (ayer) es un bono de deuda histórica de cuatro millones y medio de manera coercitiva. El profesor que necesita recuperar su deuda histórica, que estaba demandando 60 millones de pesos o más, tendrá que desistir de su demanda para obtener este monto irrisorio. Es una vergüenza. Este proyecto cuesta 260 millones de dólares, que en comparación con el presupuesto de la nación de 90 mil millones es prácticamente nada. No seamos pijoteros. El gobierno puede sacar estos recursos ahora, y no prolongar los pagos hasta dos gobiernos más”, aseveró.
Agregó que “pese a las múltiples observaciones y propuestas de mejora, el gobierno desestimó reducir los plazos de pago o priorizar a los profesores más vulnerables. Nosotros queríamos aumentar el monto y disminuir los años de pago, ya que anualmente fallecen más de 1.200 profesores. También solicitamos priorizar a aquellos con enfermedades terminales, para que pudieran disfrutar de estos recursos en vida. Estas propuestas no fueron tomadas en cuenta, pero votamos a favor, porque esto es lo que nos pidieron los profesores”, expresó.
El legislador sostuvo que “hemos pedido que el primer pago se haga en el primer semestre de este año y el segundo en enero de 2026, pero no hemos recibido respuesta positiva. Estaremos atentos al próximo trámite legislativo en el Senado, a la espera de que las indicaciones rechazadas por el Ejecutivo puedan ser incorporadas”.
En tanto, la diputada de la UDI, Marta Bravo, también respaldó el proyecto, y solicitó que la deuda se pudiera saldar en una sola cuota y no en dos, como lo propuso el gobierno. Para ello, aludió a la capacidad económica del Estado para acelerar el pago de los montos.
“Estamos hablando de un tema de justicia histórica que no podemos seguir postergando ni mirando hacia el lado. Aquí existió una promesa que no se ha cumplido en cuatro décadas, de tal manera que no podemos desaprovechar esta oportunidad para concretar este compromiso. Son casi 58 mil los profesores de todo el país que están esperando la aprobación de este proyecto, que si bien en los montos no se acerca a lo prometido, es una avance importante que viene a reparar, en parte, todos los daños que se ocasionaron. Por eso creemos que el Gobierno también debe hacer un último esfuerzo y concretar este pago en una sola cuota y no en dos”, manifestó Marta Bravo.
