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Una ingrata sorpresa se encontraron algunos vecinos de la capital regional luego de recibir notificaciones de cobranzas de entre 300 y 700 mil pesos por concepto de servicio de retiro de basura domiciliaria por parte de la Municipalidad de Chillán, conocido como cobro por “derecho de aseo”.
Son vecinos que conforman el grupo de chillanejos que por no ser parte del 30% más vulnerable, deben pagar este derecho, pero que, por lo que aseguran se debe a falta de notificaciones, han ido acumulando deudas desde el 2020 llegando a cifras que van de entre los 300 a los 700 mil pesos.
El tema fue puesto en tabla por la concejala Catalina Sandoval, quien durante la última reunión del Concejo Municipal solicitó que se le informara quiénes eran los encargados de hacer llegar estas notificaciones y con qué sistema de entrega de información estaban operando, precisamente, porque los morosos acusan no haber sido advertidos.
Un caso particular es el que expuso el concejal Cristian Jara respecto a una congregación religiosa de la comuna que, en total, debían sobre $3.500.000, por lo tanto, todo.
Una de las explicaciones de porqué hay personas que se han visto sorprendidas con el pago es porque hasta el 2020, para zanjar el límite de quién sí y quién no pagaba este impuesto (conforme lo expresa la ordenanza municipal vigente) separaba los grupos en el quienes viven en viviendas con avalúo fiscal de hasta $13 millones.
En otras palabras, quienes no deben pagar contribuciones, no están sujetos al pago por derecho de aseo.
Sin embargo “en 2021, por un análisis que hicieron en Impuestos Internos, el Estado subió todas las tasaciones y muchas de esas casas que tenían un avalúo fiscal de hasta 13 millones aparecieron con un costo superior, y para el sistema eran objeto de cobros por estos derechos. El problema es que no se les avisó”, explicó el alcalde, Camilo Benavente.
Otra de las ediles a quienes los afectados les hicieron llegar copias de sus cobranzas fue Carolina Chávez.
La concejala, junto con sumarse a la solicitud de su par, respecto a que “nos informen cómo se hicieron las notificaciones”, dijo que “ahora esperamos un pronunciamiento por parte de Jurídica para saber qué va a pasar con estas personas”.
Bajo nivel de cumplimiento
Pese a que aproximadamente solo un 30% de los hogares de Chillán están sujetos a este pago, las estadísticas del municipio demuestran que apenas un 40% de ellos realmente cumplen con esa obligación.
Esto, hasta el momento, no ha significado la judicialización de los pagos, ya que por tratarse de montos de menor cuantía para la municipalidad resultaría incluso más caro accionar por la vía legal.
Por lo demás, la ordenanza vigente establece que otras personas que pueden quedar exentas son aquellas que padecen enfermedades crónicas, quienes conviven solo con adultos mayores y otras situaciones que acrediten dificultades de pago.
También las personas que, gracias a la ordenanza pueden acceder a la exención tienen la oportunidad de pactar hasta en 24 cuotas las deudas pendientes, “porque la ordenanza lo que busca es que más gente pueda acceder a este beneficio, pero primero deben hacer los trámites”, aclara el alcalde.
Por estas mismas consideraciones es que “estas personas que no fueron notificadas y que tenían deudas, quieren regularizar esta situación para no quedar con deudas. Hay que esperar lo que nos digan de la Municipalidad de Chillán, porque las personas están con el espíritu de poder ponerse al día y si tienen esta facilidad, yo sé que van a poder hacerlo”, concluye el concejal Jara.
