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Regulación acotada es el nombre que dio el Gobierno a una idea destinada a regularizar la permanencia de al menos 180 mil extranjeros que se encuentran de manera irregular en el país. Ese total corresponde a quienes asistieron al llamado realizado este año para empadronarse y así estar ubicables.
De esa cifra, al menos 2.100 personas, permanecen en Ñuble, según se desprende del hasta ahora único informe oficial emitido por las autoridades regionales sobre el resultado del empadronamiento biométrico realizado localmente y que data de enero de este año cuando 2.121 ciudadanos extranjeros se acercaron a dependencias de la Policía de Investigaciones para realizar el trámite. De ellos, 1.057 fueron hombres y 1.064 mujeres.
El Empadronamiento biométrico incluye fotografía frontal del rostro y toma de huellas dactilares, registrados por detectives de la PDI.
Según nacionalidad, acudieron 1.958 venezolanos (92,2% del total), 45 colombianos (2,1%) y 30 cubanos (1,4%). El resto se divide en ciudadanos de Bolivia (26), Ecuador (14), Haití (22), República Dominicana (16), China (4), Argentina (2), Perú (2), Angola (1) y España (1).
Debate abierto
La propuesta, según las autoridades, es regular a quienes se encuentran con algún trabajo o domicilio conocido. Pese a ello, desde la oposición y parte del oficialismo existe un debate en torno a la idea puesto que no son pocos quienes hablan lisa y llanamente de un “perdonazo”
El subsecretario del Interior, Luis Cordero aludió además “a razones de seguridad y económicas”.
“Hay razones de seguridad, la primera razón que lleva al gobierno a hacer un estudio de estas características son razones de seguridad. Ya sabemos quiénes son, pero esencialmente queremos saber qué están haciendo”, explicó en TVN. Junto a lo anterior, Cordero destacó que quienes “están asociados a actividades delictuales, son personas que no se empadronaron en general”.
En contraste, desde el Partido Republicano, calificaron la medida de “criminal”. “Es criminal lo que el gobierno está haciendo, llenarnos de extranjeros, muchos de ellos que tienen una situación económica de precariedad total, para que los más pobres de nuestro país no tengan acceso a casi ningún beneficio público”, criticó el diputado Luis Sánchez.
Sin embargo, los gremios empresariales manifestaron otra opinión y subrayaron la importancia de una regulación ordenada, sobre todo para el sector agrícola.
“Chile no es capaz de abordar la realidad de la agricultura con trabajadores nacionales, no es una posibilidad. Regularizar a los extranjeros es condición fundamental para la agricultura”, afirmó a Emol, Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA).
