Profesor condenado a presidio perpetuo y otros 15 años por red de delitos sexuales en Chillán
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El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán condenó a cinco imputados por el caso de una red de delitos sexuales y pornografía infantil que operó por años y que tuvo como víctima a una menor de edad, hijastra del principal involucrado, quien fue violada y abusada, desde que era menor de edad, delito que se extendió por una década.
En específico, el tribunal condenó a Marco Antonio Orellana Basaes a la pena única de presidio perpetuo, como autor de los delitos reiterados de violación de menor y mayor de 14 años y los delitos reiterados de abuso sexual de menor y mayor de 14 años de edad y la pena única de 15 años de presidio como autor de los delitos de producción de material pornográfico infantil, y almacenamiento de material pornográfico infantil, Ilícitos cometidos entre 2011 y 2021, en la comuna.
En resolución unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Juan Pablo Lagos (presidente), Adriana Knopel y Christian Osses (redactor)– condenó además a Alexis Andrés Marín Cornejo a la pena única de 15 años y un día de presidio como autor del delito reiterado de violación de menor y mayor de 14 años de edad y la pena única de 5 años y un día de presidio como autor del delito reiterado de producción de material pornográfico infantil; a Juan Carlos Castro Riquelme a la pena única de 17 años de presidio como autor del delito reiterado de violación de menor y mayor de 14 años de edad y la pena única de 5 años y un día de presidio como autor del delito reiterado de producción de material pornográfico infantil; a Mauricio Elías Iturra Carrasco la pena de 5 años de presidio como autor del delito de violación contra mayor de 14 años de edad y la pena de 3 años y un día de presidio como autor del delito de producción de material pornográfico infantil.
Asimismo, condenó a Christian Edgardo Peña Fonseca a la pena de 7 años de presidio, como autor de los delitos reiterados de estupro y 4 años de presidio como autor del delito de producción de material pornográfico infantil.
El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que Marco Antonio Orellana Basaes y otros desde el año 2011, realizó actos de connotación sexual y pornografía contra la víctima cuando tenía 8 años y durante diez años.
Reacciones de la Fiscalía
Desde la Fiscalía se mostraron conformes con las penas del tribunal de Chillán.
“El trabajo que se realizó por la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Regional y de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI fue muy intenso, profesional y acucioso, pues se analizaron más de 16 mil imágenes y 134 videos de connotación sexual, más de 600 conversaciones por redes sociales, más de 60 días de interceptaciones telefónicas y múltiples declaraciones para obtener la condena de todos estos imputados”, resaltó el fiscal Richard Urra.
El acusado principal violó y abusó sexualmente de la víctima y, además, era quien contactaba a los otros acusados para que cometieran los actos de relevancia y significación sexual contra la joven.
Este condenado llegó a la vida de la niña como profesor particular, luego fue pareja de la madre de ésta y desde pequeña fue influyendo en ella para someterla a los vejámenes sexuales, desplegando acciones para hechizarla y mantener en secreto los hechos hasta incapacitarla psicológicamente para oponerse a éstos.
“Es importante destacar que el tribunal acogió la circunstancia comisiva que planteó la Fiscalía, esto es que la víctima estaba incapacitada para oponer resistencia, pero ésta no era una incapacidad física, sino que psicológica”, destacó el fiscal. Explicó que precisamente “la teoría que planteamos es que el imputado principal, al llegar a temprana edad a la vida de la víctima, cuando ella tenía 8 años, la empieza a programar para que entendiese que las conductas a las cuales fue expuesta eran normales y fue así que logró aprovecharse, tanto él como los otros condenados, de esa programación que generó en la víctima”.
La joven cuenta con apoyo y contención psicológica de la Unidad de Atención a Víctima y Testigos de la Fiscalía Regional para su proceso de reparación.