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La presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) Ñuble, María Elena Hellman, anunció este viernes que solicitará una reunión con la seremi de Justicia, Elizabeth Riquelme, quien durante esta semana fue notificada de una sanción en su contra, impuesta por la Contraloría General de República por hostigamiento y acoso laboral, además de mala utilización de recursos públicos.
Las denuncias fueron planteadas por cerca de cinco funcionarios y exfuncionarios de la seremía, apuntando a hechos como gritos, descalificaciones, el uso del vehículo fiscal para viajes personales y el asignar tareas personales a funcionarios.
“Nosotros recién esta semana hemos ido tomando conocimiento de todo lo que estaba sucediendo al interior de la Seremi de Justicia”, explicó la dirigente.
Debido a que no existen representantes locales de los funcionarios que allí laboran, fue desde la presidencia nacional del gremio quienes contactaron a María Elena Hellman.
“Me señalaron los acontecimientos, por lo que este lunes vamos a concurrir a las dependencias de la Seremi de Justicia para conversar con los funcionarios y si es posible vamos a pedir una reunión con la propia seremi. Ahora bien, desconocemos cuál es la sanción dictada en la materia, pero esperamos conocer los detalles este lunes”, añadió.
“Un exabrupto”
Dentro de las denuncias realizadas por quienes figuran como afectados, destaca la de un funcionario de Gendarmería, quien estaba en comisión de servicio oficiando como conductor de la seremi Riquelme.
El funcionario aseguró que la seremi le solicitó alterar la hoja de ruta de los viajes para no evidenciar el uso con fines personales del vehículo fiscal, a lo que se negó.
Respecto a esta situación, María Elena Hellman apuntó que “el día de hoy (ayer) se nos colocó en conocimiento que hubo un altercado entre ambos”.
Información recabada por LA DISCUSIÓN, precisa que la seremi habría hostigado el funcionario luego de ser notificada de su sanción.
“Por supuesto que vamos a pedir cuentas y vamos a pedir la intervención del delegado regional, porque a él le corresponde la supervigilancia de todos los seremis y de los directores regionales. No entendemos cómo es posible que una seremi pierda el control, olvidándose de lo que significa la investidura de su cargo, más allá de que sienta que se justifique”, observó la gremialista.
LA DISCUSIÓN solicitó conocer las declaraciones respecto de estos hechos de la seremi de Justicia y del delegado presidencial, sin embargo, no hubo respuesta por parte de sus respectivos canales de comunicación.
