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El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, se refirió a la impactante situación ocurrida en el Centro Penitenciario Bío Bío, en Concepción, donde Gendarmería encontró a un reo decapitado en su celda. La autoridad calificó el incidente como “un hecho grave e inédito” en las cárceles del país y detalló las medidas que se están adoptando para enfrentar esta crisis.
Según informó Gajardo, se ha iniciado un sumario interno con el objetivo de esclarecer lo sucedido a la brevedad posible. Además, se implementarán medidas inmediatas, como el refuerzo de los turnos nocturnos de vigilancia al interior de Gendarmería, para prevenir incidentes similares en el futuro.
“Esto es un hecho grave. Es bastante inédito en el sistema penitenciario chileno, especialmente en una cárcel que no presenta problemas de sobrepoblación. Por eso, las medidas deben reforzarse para evitar que algo así vuelva a ocurrir en cualquier otro penal del país”, enfatizó el ministro.
Ante consultas sobre posibles medidas adicionales, el titular de Justicia afirmó que estas serán evaluadas en el transcurso de la investigación.
Control estatal en debate
El incidente ha generado críticas desde la oposición, quienes han cuestionado si el Estado realmente mantiene el control de los centros penitenciarios. En respuesta, Gajardo aseguró que “el Estado administra los establecimientos penitenciarios en Chile. Aquí no ocurre lo que vemos en otros países de la región, donde las cárceles son controladas por los internos y el Estado debe intervenir para retomar el poder”.
El ministro subrayó que, aunque el sistema penitenciario chileno enfrenta desafíos, la administración sigue siendo responsabilidad del Estado, diferenciándose de escenarios críticos observados en otras naciones de América Latina.
“Cuando recibimos Gendarmería tenía un vehículo parcialmente blindado para hacer traslado de alto riesgo. Hoy tenemos una flota de vehículos blindados. No existía inhibición de telefonía celular en ningún establecimiento penitenciario y hoy lo tenemos en el 20% de la población penal privada de libertad. Durante el próximo año vamos a llegar al 50%”, señaló.
“No había un plan de infraestructura penitenciaria en marcha ni financiado. Hoy tenemos un plan de infraestructura penitenciaria que nos va a permitir incorporar más de 12.600 plazas en los próximos años y además, también recuperar 1.600 plazas en total de 15.000 plazas”, cerró.
