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Desde que, en 1992, bajo el gobierno de Patricio Aylwin se aboliera la pena de muerte en Chile, la máxima condena que establece el Código Procesal Penal es la del presidio perpetuo. De ésta, hay dos variantes: Simple y calificada.
Mientras que la simple, significa que una vez que el sentenciado cumpla 20 años de condena, podrá en ese momento aspirar a beneficios como salidas dominicales o una rebaja de la pena; la calificada, más severa en cambio, exige un total de 40 años para recién poder acceder a estas ventajas.
En Ñuble, se ha dictado un total de seis sentencias de presidio perpetuo simple por parte del Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Chillán, y otras siete de presidio perpetuo calificado, siendo la primera de ellas del mes de agosto de 2006, dictada por los magistrados Óscar Ruiz, Claudia Montero y Jorge Quintana, en relación a un caso de robo con violación.
Salvo un caso de robo con doble homicidio, ocurrido en Yungay en 2017 y sentenciado en 2019 a presidio perpetuo calificado, los otros seis casos que recibieron idéntica sentencia, tuvieron como víctimas a mujeres.
Y aunque todos ellos siguen privados de libertad, este próximo 14 de diciembre, el TOP de Chillán podría dictar la pena más alta desde su creación con la entrada en vigencia del sistema procesal a partir del 2000, luego que la Fiscalía Local de Chillán solicitara en contra de un profesor de Teología, presidio perpetuo por el delito de violaciones reiteradas, y otros 38 años de presidio por los abusos sexuales, producción de material pornográfico infantil, y almacenamiento de pornografía infantil.
La víctima fue otra mujer. Su hijastra a quien bajo un persistente estado de “hechizamiento” (conforme a la terminología jurídica) sometió a vejámenes desde los 8 a los 20 años, haciendo partícipe de esto a su madre y a una cantidad imposible de precisar de hombres. La causa tiene 14 imputados, entre el profesor, la madre y 13 hombres.
Quince víctimas en seis hechos
El primer caso, ocurrido en agosto de 2005, conocido como el “violador de Las Murallistas” debido a que sucedió en un predio (actual villa Los Poetas) entre las villas Barcelona y el Otoñal, donde se emplazaba un fallido proyecto habitacional del que solo quedaron algunas panderetas.
Joel Ulloa Rubilar, con varios pasos por la cárcel, advirtió la presencia de un vehículo en el que se encontraba una pareja, a quienes asaltó. Al hombre lo encerró en el portamaletas y a la mujer la violó y le robó sus pertenencias. Al tiempo de ser condenado, se suicidó.
En 2007, llegó el segundo presidio perpetuo calificado. José Cárdenas Vásquez, entre abril y diciembre de 2006, violó a cuatro mujeres en la localidad y atacó a otras tres en San Carlos, las mujeres tenían entre 14 y 20 años de edad.
Ese mismo año se condenó a Gustavo Padilla Rivas, quien entre agosto y septiembre, en la ciudad de Chillán, asaltó a cuatro mujeres. A una la violó, a otras dos las abusó sexualmente y a otra la apuñaló en un brazo.
En 2007, en la comuna de Pinto, la víctima fue una niña de 13 años con déficit intelectual. Luis Monsalve Monsalve, desde entonces apodado “el Chacal de Pinto”, trabajaba como garzón en un restorán, y aprovechando que los dueños estaban en otras tareas, llevó a una bodega a la niña, a quien violó, estranguló y escondió.
El primer femicidio, en tanto, ocurre en diciembre de 2012. Alexis Alejandro Mora Álvarez, mató a su esposa, tras diversos hechos de violencia intrafamiliar.
En Bulnes, octubre de 2019, Manuel Riquelme González escaló el cerco perimetral de la casa donde vivía la funcionaria judicial Etelvina Troncoso Contreras, creyéndola fuera de la ciudad. Al ser sorprendido robando, dio muerte a la mujer, quien el día anterior, le había dado de comer.
El segundo femicidio, el mediático caso de Carolina Fuentes, en 2020, tiene como sentenciado a quien fuera su pololo, Ricardo Neira Arriagada, quien la golpeó con un palo, la estranguló y la escondió en un bosque, en Quirihue.
Un sistema más robusto
Para la abogada penalista, Belén Acuña, estas seis sentencias de presidido perpetuo calificado por delitos en contra de la mujer, “parecen pocas para los 21 años del tribunal”.
Sin embargo, reconoce que las leyes han ido en la dirección adecuada para aumentar las penas para estos delitos.
“Toda esta nueva legislación, ha instalado un sistema más robusto al respecto sin margen a tantas interpretaciones y más coincidentes con tratados internacionales, sin olvidar que desde el día uno, nuestro Código le ha dado facultades a los jueces para extender el máximum de la pena, atenida la extensión del mal causado”, sostuvo.
