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Señor Director:
Considerando los últimos hechos derivados del caso Monsalve, referidos al uso de los gastos reservados, cabe la pena reflexionar sobre la lógica detrás de la gestión de estos recursos, los que en ningún caso están al servicio de la discrecionalidad arbitraria de las autoridades. Su administración -como la de cualquier recurso utilizado por el Estado- busca financiar el cumplimiento de la función pública orientada al bien común, y deben ser usados bajo los principios de legalidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Lo anterior con los debidos resguardos que establece la ley sobre la reserva en la ejecución del gasto y su rendición ante la Contraloría General de la República.
Sin embargo, son demasiados los ejemplos donde altas autoridades, incluidos comandantes en jefe, han entendido que dichos recursos son asimilables a gastos discrecionales y/o personales, donde ante la ausencia de controles permite que se transformen en cajas para pagar bonos, gustos personales y hasta galanterías (por llamarlas de alguna forma), denigrando la función pública.
Algunos se han apresurado a apuntar a la Contraloría por la falta de control, lo que hace perder el foco en los responsables primarios en estas cuestiones: las autoridades a cargo de estos gastos, los mecanismos de control interno y el sistema político, en general. Este hace mucho tiempo se muestra tolerante a la corrupción, al clientelismo, la captura del aparato estatal y de los fondos públicos como botines de guerra.
Eric Latorre
Director Facultad de Gobierno UACH
