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Consejo Regional de Seguridad define delitos prioritarios para el 2025

Carabineros

Desde que se acuñó en la jerga de las declaraciones públicas por parte del Estado, el término “Delitos de Mayor Connotación Social”, se legitimó un criterio tan policial como político para conmensurar el acontecer delictual de una región.

Es por tal razón que ayer, tras una reunión del Consejo Regional del Crimen Organizado, realizado en la Delegación Presidencial, la Fiscalía Regional, la PDI y Carabineros expusieron ante autoridades del mundo político y del ejecutivo, los antecedentes regionales suficientes como para contar con el diagnóstico que diera paso a la elección de los cinco delitos cuya persecución serán prioritarios para las autoridades regionales.

No se escogieron, necesariamente, los más complejos ni los más recurrentes y se dejaron fuera algunos que han marcado una clara alza en estos años, como el de robo de cables de cobre, por parte de bandas delictuales.

“Se hace una presentación de cada uno de estos delitos y luego se hace una votación por parte de los integrantes de esta mesa para ver cuáles tendrán prioridad”, explicó la fiscal regional, Nayalet Mansilla finalizada la cita, en la que participaron representantes de Gendarmería, la Delegación Presidencial, el senador Gustavo Sanhueza y la diputada Sara Concha.

Conforme a lo expuesto, se priorizarán cinco de delitos, entre ellos, tres de impacto nacional, como el tráfico de drogas, el contrabando y el tráfico de armas; más otros dos que, al menos hasta ahora, no han sido motivo de mayores investigaciones ni operativos policiales, como el robo de madera o la trata de personas.

Todos considerados como delitos de alta connotación social.

Respecto al fenómeno del robo de madera, “es importante por el tema de la cantidad de dinero que tiene asociado, ahora es un delito que está relativamente controlado y creo que la mayor cantidad de dificultades que nos puede presentar es que una vez que se incautan en grandes cantidades, no encontramos en la región dónde acopiarlo”, destacó la fiscal.

En cuanto al de trata de personas, “es un delito que preocupa en el contexto nacional y por eso puede ser importante tenerlo priorizado ya que está asociado a crimen organizado, pero que en la región no ha tenido tanta incidencia”, añadió.

Crimen organizado que, por cierto, no se ha reconocido presencia en la región ni por parte del Ministerio Público, ni la PDI, ni Carabineros.

Solo se habla, hasta ahora, de bandas criminales a las que sí se les reconoce un mayor grado de preparación que las que solían dar trabajo a las policías hasta la década anterior.

De acuerdo a la plataforma de análisis delictual de Carabineros (STOP), hasta el 3 de noviembre de este año, el único de los delitos que ha mostrado un alza significativa en Ñuble ha sido el de robo en lugar no habitado (13,2%), que afecta primordialmente a empresas, comercio y bodegas.

Pese a las alertas en las que ha insistido el mundo rural respecto al robo sistemático de insumos químicos y fertilizantes, el robo en lugar no habitado tampoco está dentro de los cinco prioritarios.

Trabajo constante en el tiempo

El Consejo Regional para el Crimen Organizado ha generado diversas instancias como la coordinación con los estamentos asociados a los controles y fiscalizaciones en terreno, como el SAG, la Conaf, el Servicio de Impuestos Internos, la Autoridad Sanitaria, Aduanas y la Seremi de Salud.

Por lo demás, a la fecha se realizaron cerca de cinco talleres de capacitación para los funcionarios de estas entidades, enfocados a la detección del actual delictual.

El delegado presidencia de Ñuble, Rodrigo García, comentó tras la cita: “creemos que ha habido avances, pero esto es una cuestión continua, no podemos dejar de trabajar, la delincuencia es algo que está constantemente movilizándose y se han hecho acciones para enfrentar esto”.

Los dichos de la autoridad regional encuentran respaldo estadístico. Carabineros registra una disminución del 2,6% en las denuncias totales de delitos este 2024, mientras que en el país, la caída marcada por la policía uniformada es del 1,4%.

“Esto no significa que podamos estar tranquilos, y tenemos que hacer un trabajo continuo y permanente en el tiempo”, sostuvo el delegado presidencial.

Felipe Ahumada

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