Cinco años han pasado desde el estallido social, aquel 18 de octubre de 2019 cuando la ciudadanía dijo ‘basta’, y salió a las calles a mostrar su descontento. Una fecha que sin duda marcó a fuego el devenir político, pero que no logró producir grandes efectos que redundaran en justicia social.
Para César Uribe, quien participó en el primer proceso Constitucional, el mayor valor del estallido fue y es “el reconocerse y entenderse de que juntos, como fuerza popular, se puede disputar el poder y tener una mirada más social. Mi reflexión es que las demandas están, es que la clase política no puede negarlas, quizá tiene más controlada y dominada a la gente, sacándola también del foco con otras cosas, pero si es que los problemas en Chile no se solucionan, van a decantar en cualquier cosa, en un estallido social, en un autoritarismo político, en una frustración social que también le hace daño a la gente. Y en ese sentido, yo creo que la reflexión o la enseñanza también es que hay que hacerse cargo de los problemas, hay que ir resolviendo los problemas, y no seguir de nuevo acumulando frustraciones, porque las generaciones cambian, y evidentemente podría venir otro momento y estallido social -que sería bueno en el contexto de cambiar las cosas-, pero por otro lado, idealmente no sería bueno, pues las cosas debiesen cambiar porque es necesario hacerlo solamente”, planteó.
Francisca Leyton, presidenta regional del Frente Amplio, cree que el 18-O “responde a una acumulación de malestares y dolores ciudadanos que ya se habían expresado en diversas olas de movilización social, y que no habían encontrado respuesta para ser procesados institucionalmente. Ese malestar social, sumado a una élite política indolente que se encontraba separada de la realidad cotidiana de la sociedad chilena, desencadenó finalmente en el estallido social del 2019”, afirmó.
Según Leyton, “las demandas sociales hoy siguen vigentes y nuestro foco es avanzar en reformas concretas que permitan mejorar las condiciones de vida de chilenos y chilenas en los aspectos que además la propia ciudadanía ha manifestado la necesidad de un cambio urgente: pensiones, educación, salud. Sin embargo, aún nos nos encontramos con esa elite política indolente que bloquea una y otra vez en el congreso cualquier atisbo de cambio relevante. Un caso concreto de ello es en materia de pensiones. Más de 20 meses de tramitación, y la derecha ha detenido el debate en múltiples momentos, lo que finalmente impide entregar soluciones permanentes a las problemáticas de la ciudadanía”, aseveró.
Agregó que “nuestro llamado es a no meter los problemas debajo de la alfombra y hacernos cargo de la dureza de la vida en Chile. Debemos recuperar la política como el ámbito donde la sociedad decide en conjunto sobre su futuro, y debemos avanzar en las reformas por y para las personas”.
“El debate sigue siendo intenso”
Desde la otra vereda política, también analizaron el 18-O.
“El llamado estallido social sigue siendo un hito crucial que reveló el profundo malestar latente en la sociedad chilena. Fue una revuelta contra las desigualdades económicas, la precarización de la vida y el agotamiento de un modelo socioeconómico que, aunque alabado por su estabilidad macroeconómica, dejó de lado la justicia social y el bienestar integral de la mayoría. Los hechos de violencia jamás serán justificados y la forma desvirtuó el fondo. La frase ‘no son 30 pesos, son 30 años’ reflejó una crítica directa a toda la clase política y a las élites económicas acusadas de perpetuar un sistema que servía principalmente al interés de unos pocos”, sostuvo la exconsejera Constitucional durante el segundo proceso, Carolina Navarrete (UDI).
“A lo largo de estos 5 años, el debate sobre cómo sanar esas heridas sigue siendo intenso. El fracaso de dos procesos constituyentes, lejos de ser solo un traspié institucional, reflejó las tensiones profundas de una sociedad que aún busca un nuevo pacto social. Estos fracasos evidencian que, aunque el malestar es generalizado, las soluciones aún están fragmentadas. La desconexión entre la clase política y la ciudadanía es palpable. Los casos de corrupción alimentan una crisis de representatividad. Mientras no se aborden estas críticas desde una perspectiva inclusiva, dialogante y con una clara voluntad política de transformación, cualquier esfuerzo por cambiar las bases estructurales de nuestro país correrá el riesgo de volver a fracasar”, manifestó.
Según Alejandro Mellado, presidente regional de Evópoli, “nuestro país todavía tiene que abordar las causas profundas del descontento, y abordar el desafío de cerrar la brecha entre diferentes segmentos de la sociedad. No obstante, no todo se ha perdido. A pesar de sus limitaciones, el proceso Constitucional ha generado una discusión a nivel nacional sobre el tipo de sociedad que los ciudadanos chilenos deseamos establecer. Es responsabilidad de las élites políticas abordar la necesidad de un compromiso renovado con el diálogo, la comprensión y la colaboración, que les permita superar las divisiones y trabajar en conjunto por un futuro común como país, con el enfoque puesto en el bienestar de la ciudadanía”, mencionó.
