Cuando a principios del mes de octubre, el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez, aceptó una entrevista con La Discusión para hablar sobre las investigaciones vigentes por casos de corrupción que mantienen en carpeta, también se refirió al que se abrió en contra de Óscar Crisóstomo, quien hoy busca su reelección en el cargo de gobernador de Ñuble.
Esto tras aclarar que los hechos investigados obedecen al momento en que había dejado de ser el director regional del Serviu (2019) y actuaba como entidad particular, pero mediador entre los órganos estatales y un grupo de pobladores acogidos a los programas habitacionales vigentes.
“Por eso, es que en este caso, hablamos de corrupción entre particulares”, comentó.
A modo de ejemplo, planteó que “si el representante de un jugador de fútbol conversa con el futbolista para saber cuánto pide para llegar a determinado club, y luego habla con el club y acuerdan una cifra mayor, sin que ni el jugador se entere, para quedarse con parte del porcentaje, eso hoy en día es delito. Y algo así fue lo que ocurrió con Óscar Crisóstomo”.
Se le imputa el haber recibido cerca de $23 millones por concepto de presunto soborno de parte de una empresa constructora, para quedarse con un proyecto habitacional en la región.
Y no hay otras causas adicionales, por el momento, cuyos detalles hayan sido expuestos ante la Corte de Apelaciones, en septiembre pasado, cuando el Ministerio Público solicitó el desafuero de la autoridad regional.
Respecto a una supuesta entrega de subsidios a familiares, cuando era director regional, “aún no tenemos evidencia suficiente, pero tampoco es una causa cerrada”, añade.
Tras la audiencia, en la que se presentó también el abogado representante del gobernador, Enrique Aldunate, se informó que el tribunal ya dio su veredicto, el que tras ser redactado como fallo, para ser anunciado de manera pública hoy martes 15 de octubre.
La defensa del gobernador ha asegurado en diversas oportunidades que en los hechos descritos por la Fiscalía de Chillán, no hay nada que pueda constituir delitos y, de haberlos, podrían incluso estar prescritos.
Por lo demás, deslizó que resultaba a lo menos “curioso” que la moción jurídica se activara semanas antes de las votaciones para elegir gobernador.
El propósito del desafuero
Según el fiscal Pérez, la Fiscalía local pudo haber formalizado el pasado mes de septiembre a Óscar Crisóstomo, pero se abstuvieron de hacerlo, porque mientras lo asista el fuero que le otorga el cargo de gobernador regional de Ñuble, la ley no les permite pedir medidas cautelares en su contra, que es -precisamente- lo que pretenden hacer si es que el tribunal de alzada falla a favor del persecutor.
Sin embargo, si la resolución es favorable a la autoridad regional, la Fiscalía perderá, no solo la posibilidad de pedir medidas cautelares, sino además la opción de formalizarlo por este hecho investigado.
