Cuando en 2022, LA DISCUSIÓN entrevistó al jefe de la Fiscalía Local de Chillán, Sergio Pérez, el titular comentó a nuestro medio que en su jurisdicción investigativa había un total de 116 carpetas por casos de corrupción.
El número sorprendía no porque se pensara que la capital regional había estado históricamente ajena a esos vicios, sino porque los casos formalizados hasta entonces no llegaban ni al 5% de las causas.
Hoy, sobre la corrupción se escribe en cada región del país. Se cita a abogados y especialistas que llaman a “tomar medidas profundas” o que refieren casuística internacional, apelan al modelo italiano de corrupción, piden levantamientos de secreto bancario, test de drogas a los funcionarios públicos, y otras medidas salvadoras como si se tratase de un enfermedad tan reciente como el coronavirus.
Corrupción en el país ha habido siempre. De hecho, fue el mismísimo Diego Portales, quien planteaba entre sus postulados para un “gobierno fuerte” y “suprapolítico” que el principal enemigo de la salud del sistema estatal era la corruptela, y en especial la que emana de los partidos. Y lo decía a más de 180 años de hoy.
“Corrupción que va desde cuando hay negocios irregulares con las productoras que animan eventos municipales, cuando se pide a un funcionario amigo que reciba sus causas primero, o cuando una persona valiéndose de sus contactos en alguna entidad pública se salta la fila, hasta los casos más grandes de sobornos, cohecho y otros fraudes que se han hecho más conocidos en el último tiempo”.
La cita, es del jefe de la Fiscalía Local de Chillán, quien junto con asegurar que “desde esa entrevista de 2022 hasta hoy, lamentablemente, debo informar que las causas han aumentado”, apunta a la naturalización de esta podredumbre.
Casos “sabidos por todos”
Hoy, en Ñuble se lee como dato duro, el que la cantidad de alcaldes que han sido alguna vez formalizados por diversos delitos son más de 10.
De ellos, al menos dos han estado en calidad de presos preventivos por causas de corrupción, en las que también se ha formalizado a concejales, directores municipales, abogados, proveedores y mediadores.
Y entre los párrafos apócrifos (eternos) los episodios son aún más oscuros, como el del parlamentario que saboteó a la seremía de Justicia para que fracasara el proyecto carcelario en San Miguel de Ablemu, que, a la vez, es el mismo que le pidió a varios seremis de su partido, comprar cajas de alimentos para repartirlos en pandemia, con una pegatina con su rostro y nombre.
Se sabe de un abogado, quien tras ser formalizado y puesto en prisión preventiva, elevó una solicitud a la Corte de Apelaciones de Chillán para que lo dejaran seguir trabajando en el Juzgado de Policía Local en el que se desempeñaba, de manera telemática, desde el interior de la cárcel. Evidentemente le fue denegada la petición.
Se conocen los episodios de alcaldes protagonizando accidentes de tránsito en estado de ebriedad, el de un exprefecto policial quien escondió un procedimiento de tránsito en el que participó su hijo; el de un operador político quien insultaba a todo pulmón (y con público presente) cuando en Extranjería evaluaron con nota deficiente a un amigo suyo, a quien había colocado como funcionario.
También existió una causa por estafa, en defensa de decenas de funcionarios jubilados de Ferrocarriles del Estado quienes fueron estafados por un actual candidato a concejal, a quien años después se le formalizaría por otra causa y bajo la figura de falsificación de instrumento público.
En fin, todo se sabe, pero aún es tanta la gente que no cae en cuenta que es en ellos donde radica la materia prima para la corrupción, que de denuncias, nada.
Quizás resulta aún más desmoralizador, el saber que sigue habiendo personas dispuestas a votar por ellos.
Este año “han ingresado alrededor de 54 causas. De ellas, hay a lo menos cuatro que, por las entidades en las que se cometieron y los cargos que ocupan las personas investigadas, son investigaciones que esperamos poder formalizar este año”, adelanta el fiscal Pérez, quien se excusa de entregar detalles al respecto, debido a las restricciones legales y a la protección del éxito de las indagaciones realizadas por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de Chillán.
Este fenómeno observado en Ñuble, el de ver a tantas personas persiguiendo dinero o poder a como dé lugar, ha puesto a nuestra región en otro de los tantos podios de la vergüenza, a los que ya nos hemos ido acostumbrando, como la pobreza, los bajos salarios o el desempleo: “Hoy, la comuna de Chillán es la segunda en el país con más causas en manos de la PDI por delitos económicos, entre los que se cuentan casos de corrupción”, aseveró el fiscal.
Recursos v/s eficiencia
Dentro de las causas formalizadas por corrupción que siguen vigentes en Ñuble destacan el llamado “Caso Led” (Municipalidad de Chillán) con tres funcionarios (entre ellos un concejal) de la administración pasada en vísperas de un juicio oral por cohecho.
También tuvo repercusión pública la causa conocida como “Caso Cuentas Corrientes”, que puso en primera instancia en prisión preventiva a los exalcaldes de San Ignacio y Bulnes, junto a otros funcionarios municipales; mientras que el jefe comunal de Ñiquén y uno de sus directores, quedaron con arresto domiciliario total.
Actualmente, la Fiscalía de Aysén investiga el llamado “Caso Convenios”, con indagatorias en el Gobierno Regional de Ñuble, lo que significó la incautación de documentos, computadores y teléfonos celulares, entre ellos, el del gobernador Óscar Crisóstomo, quien a su vez, es investigado por hechos presuntamente constitutivos de “corrupción entre particulares”, en 2019, y de los que él se ha declarado públicamente inocente.
Sin embargo, estos y un pequeño puñado más de casos, son un porcentaje muy menor respecto a las causas que entran.
Para el fiscal Pérez, “hay algunas personas que creen que su conducta no es constitutiva de delito, cuando sí lo es. Y hay algunos que creen que todavía tienen el suficiente círculo de resguardo que va a impedir que a ellos se les persiga criminalmente. Esos dos factores generan que tengamos un número importante de causas y que se sigan incrementando. Esta cuestión está a nivel internacional bien analizada”.
A raíz de este fenómeno, en la Región ya han estado avanzando en las gestiones para poder aumentar la dotación de funcionarios de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec).
Consultado por la baja cantidad de causas llevadas a tribunales, el persecutor comenta que “los delitos de fraude son los más difíciles de acreditar, porque somos nosotros los que tenemos que probar el delito ante un tribunal, y a veces se nos hace más difícil. Reconozco que es ahí donde estamos más al debe y que necesitamos más personal para investigar, más peritos contables, sobre todo”, admite.
De forma paralela, Pérez añade un factor extra. A la luz de los últimos casos de corrupción en los que -con mayor o menor éxito- se ha enjuiciado o formalizado a reconocidas personas del ámbito judicial, fiscal, de las Fuerzas de Orden y Seguridad, la investigación de cada caso se ha debido realizar con un celo que incluso aplica a las mismas instituciones de quienes forman parte del equipo investigador.
“Y eso también explica el porqué las causas demoran más de lo que uno quisiera. Hay que saber bien con quién trabajar esto, de qué manera resguardar la información para que no se filtre, porque si no, perdemos todo”, advierte.
En materia de capacitación, equipamiento y logística para hacer frente a este tema, se han inyectado cada vez más recursos, al menos para dejarla en los estándares internacionales.
“Desde hace un poco de tiempo, ya hemos estado recibiendo más computadores para analizar aspectos específicos, hemos pedido y exigido que nos aporten la tecnología necesaria, y que hasta entonces no existía en la región. Y hablo de los últimos seis meses solamente que la Fiscalía Nacional nos ha proporcionado más equipos y más modernos, contamos con ocho funcionarios de la Bridec, que son expertos en materia de corrupción, sin embargo, la plantilla debería ser de 25”, explica el representante del Ministerio Público.
Y con lo anterior como telón de fondo, tampoco se puede olvidar que hay sólo siete fiscales operativos, en la fiscalía local de Chillán, para 14 mil causas vigentes,
“Entonces, aunque yo duerma aquí, no alcanzo a revisar la cantidad de causas. Yo soy el fiscal jefe de acá, pero estoy preocupado de las causas de tramitación menos complejas, que son cerca de cinco mil, y aparte tengo esas 50 súper complejas y otras 200 más que son súper relevantes igual, entonces tiene que ver con, como le digo, con tecnología, capacidad de las policías y más personal, pero al menos, eso está mejorando”, apunta.
Protección y redes de contacto
Dentro de lo positivo, se debe destacar que de acuerdo a las causas actualmente en revisión, no se advierten indicios de grandes organizaciones criminales permeando municipios ni ninguna otra repartición estatal en Ñuble. No por el momento.
Sin embargo, bajo la lupa hay diversas reparticiones públicas y entidades privadas, desde que la Ley 21.121 reconoce la corrupción entre privados.
El fiscal Pérez dice que hay causas que involucran a funcionarios y jefaturas de diversas entidades de Gobierno y estatales, “hay estudios jurídicos involucrados, personas que planifican cómo hacerlo para disimular la situación. Acá también está esta famosa red de gente experta, que ayudan a generar esa red de protección”.
Con todo lo anterior, y a la luz de los últimos casos públicos de la región, el factor de proselitismo, conveniencia política y el “amiguismo” parecieran ser un síntoma inequívoco de busca ilícita de financiamiento ya sea para conglomerados de partidos o en favor de quienes cuentan con el poder de “colocar” candidatos y funcionarios en el aparato estatal.
El resultado, además, es un trabajo mal hecho, ineficiencia y administraciones deficientes que han derivado en los famosos “casos de desorden administrativo” tan conocidos en Ñuble.
“Ahí volvemos a lo mismo, uno de los factores principales que favorecen los casos de corrupción es que los partidos políticos no siempre eligen a gente preparada, sino al que tiene más amigos o porque hay una fila de personas a quienes devolverle favores”, reflexiona el fiscal.
Finalmente, el persecutor concluye que “tiene que haber un momento en que la casta política se dé cuenta de que esta cuestión no va a funcionar más. Va a haber un momento que el hastío social va a generar situaciones de explosión generalizada, porque ellos no se dan cuenta que tienen que elegir a la mejor gente, no tiene que haber clientelismo detrás, además de un poder judicial independiente, una prensa libre que pueda perseguir la responsabilidad de quienes causan lo que está ocurriendo hoy en día”.
