Señor Director:
Chile ha avanzado significativamente en transparencia y ética empresarial con la Ley de Delitos Económicos. Esta normativa obliga a las empresas a implementar Modelos de Cumplimiento robustos y adaptados a su giro y tamaño, que funcionan como un seguro obligatorio. Así, si se produce un delito y la compañía cuenta con este marco de buenas prácticas, estará exenta de la persecución penal.
Es fundamental entender que la Ley 21.595 busca enviar un mensaje claro a la comunidad empresarial: la corrupción y el fraude no tienen lugar en nuestro mercado. Además, en caso de que se cometa uno de estos delitos, las sanciones pueden alcanzar hasta USD 250 millones, la empresa podría ser liquidada de forma forzosa (lo que se conoce como “pena de muerte empresarial”) y se podrían imponer sanciones de presidio sin considerar atenuantes como la colaboración efectiva o una conducta anterior intachable.
Las empresas de todos los tamaños deben comprender que el Compliance dejó de ser un requisito que debe cumplirse, para convertirse en una tarea esencial para proteger su reputación y asegurar su continuidad en un mercado cada vez más regulado.
José Ignacio Camus
Founder Partner-Admiral Compliance
