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El reportaje de Mega sobre la gestión del alcalde de Chillán, Camilo Benavente, sigue generando reacciones en el mundo político de la capital regional, sobre todo dentro de la entidad municipal.
Varios tópicos abordados en la nota habían sido informados por la prensa local desde hace varios meses, por lo que no era algo desconocido en Ñuble. No obstante la repercusión nacional del reportaje avivó la controversia, sobre todo por las presuntas irregularidades en la compra de la Medialuna.
Uno de los temas que no fue abordado por la nota televisiva, y que forma parte de los antecedentes de la gestión del alcalde, se relaciona con la suspensión del administrador municipal, Richard Guzmán, que desde hace cuatro meses se encuentra fuera de sus funciones por una investigación de Contraloría.
Desde la semana pasada que venía surgiendo la información de que ediles van a solicitar un concejo municipal extraordinario, para decidir que se hará finalmente con Guzmán, quien fue sumariado debido a un eventual conflicto de intereses en la contratación de Carlos Araya, actual jefe de la Secretaría de Planificación (Secpla) de la municipalidad.
La queja la manifestaron concejales como Quenne Aitken y Joseph Careaga, quienes expresaron que Guzmán sigue recibiendo su remuneración a pesar de no estar ejecutando sus labores, las que al mes de agosto alcanzaron un acumulado de $23 millones.
La solicitud tomó más peso esta semana tras la nota de Mega, y el edil Careaga realizó un llamado a los demás concejales a “cumplir nuestro rol que nos encomendó la ley”, en el contexto de crear la instancia de votación para la destitución de Guzmán.
Esto porque los ediles tienen la facultad de remover al administrador “sin expresión de causa, con acuerdo de los dos tercios de los miembros en ejercicio del Concejo”, según lo dictamina el artículo 24 bis de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
“Solicito a los colegas ejercer nuestra facultad que nos otorga la ley. Nosotros no podemos desligarnos de nuestra responsabilidad en estos hechos”, mencionó Careaga
Añade que “se debe tener presente que el alcalde Benavente hoy responsabilizó a los funcionarios municipales por los hechos señalados en un programa de televisión, por lo tanto, siguiendo su línea, en el futuro culpará al Honorable Concejo que no hicimos la pega, y que nunca ejercimos la facultad que nos da la ley de solicitar la remoción del administrador municipal”.
A raíz de eso, el edil solicitó “a todos los colegas de cumplir nuestro rol que nos encomendó la ley, y requerir por escrito al alcalde Camilo Benavente citar a un concejo extraordinario esta semana o la primera del mes de septiembre del año en curso, para votar la remoción del administrador municipal Richard Guzmán, y que en esa sesión cada uno de nosotros ejerza su voto con transparencia hacia la comunidad”.
Dos tercios
Con el voto de siete concejales de los 10 existentes, la destitución de Richard Guzmán podría concretarse. Según el concejal Juan Pablo López, ya se cuenta con ese número y son varios los ediles que estarían a favor de destituir al administrador.
“Nosotros hemos insistido en esto, porque es insostenible que una persona que está fuera del cargo esté cobrando un sueldo. Al final estamos hablando de $23 millones en cuatro meses, el puesto ya es insostenible en el tema de remuneración”, indicó López.
El edil sostuvo que se espera que la próxima semana se realice el concejo especial y que son varios los ediles que votarán a favor. “Tenemos varios concejales que están dispuestos a votar. El martes se hará la impronta y después, en 48 horas más se hará la convocatoria. Ahí se verán quienes votan si o no”, mencionó el edil.
La concejala Aitken también es una de las que ha formado parte de las denuncias en contra del alcalde, sobre todo en el presunto abandono de deberes, requerimiento que está actualmente en el Tribunal Electoral Regional.
Comentó que, dentro de las funciones de un concejal, también está el poder resguardar el patrimonio municipal, algo que estipula la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.
“En la facultad que nos otorga la ley en el artículo 30 de la ley 18.695, no podemos desligarnos de la responsabilidad, de proteger el patrimonio municipal. Hay que cumplir”, mencionó la edil.
