El alto número de causas que llevan los fiscales en el país, más que tratarse de un problema de calidad de la administración de justicia -aunque es muy posible que ésta no sea de un nivel superior dada la recarga de trabajo de los persecutores- es un problema de recursos y de planificación legislativa.
No hay región en Chile que se salve de este problema, pese a que la solución es simple, pero costosa: aumentar la dotación de fiscales y asistentes para dar abasto con la demanda. En 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, se promulgó la ley 20.861 que permitió aumentar marginalmente la dotación de funcionarios. Tres años después, Ñuble se vio favorecida por la creación de la nueva región que elevó de 12 a 16 los persecutores, sin embargo tampoco ha sido suficiente. De hecho, cada uno hoy tiene más del doble de causas que debería tramitar.
Desde el 2019, año en que comienza a funcionar la Fiscalía Regional, la cantidad de causas ingresadas era de 2.107 por fiscal, mientras que la proyección realizada para el fin de 2024 es de 2.719. Sin embargo, la dotación de fiscales sigue siendo la misma: 16 persecutores, es decir, cinco más que la dotación existente en Ñuble, cuando aún dependía de la región del Biobío.
La tasa que actualmente exhibe la Fiscalía de Ñuble es de 3,4 fiscales por cada 100 mil habitantes, un promedio a todas luces insuficientes para la carga laboral que la institución maneja (casi 37 mil ingresos hubo en la región en 2022, 19% más que en 2021) y muy inferior también en la comparación internacional, pues en países europeos es de 12 por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel latinoamericano solo superamos a Perú, Bolivia, Paraguay y Ecuador. En síntesis, según el Fiscal Nacional, el déficit de persecutores en Chile alcanza a 50%.
¿Cómo puede ocurrir esto?
Es, a primera vista, el mismo problema de siempre: en Chile se acostumbra a “arreglar la carga en el camino”, porque primero se dictan las leyes en el Parlamento y luego se detectan las falencias en el proceso de implementación, entre ellas, el financiamiento.
Una decena de reformas legislativas en los últimos 8 años han significado un aumento de la carga de trabajo para las fiscalías, pero ello no ha ido aparejado con un aumento en la dotación de personal.
A ello se debe agregar el factor centralista en la asignación presupuestaria, que siempre penará a las regiones, sobre todo a las más pequeñas.
Amparados en los números, los tecnócratas no advirtieron que esta situación se podía producir, y ahora son los mismos números los que demuestran que hacer las cosas “a la chilena”, puede resultar mucho más caro e ineficiente.
No basta con exigir una mejor coordinación interinstitucional, que si bien puede mejorar superficialmente los indicadores, no solucionará el problema. Si Chile valora la administración de justicia como un bien superior, entonces el Gobierno y el Parlamento deben hacer un esfuerzo, económico y legislativo por dotar a las regiones de los fiscales suficientes para hacer frente a una nueva realidad delictual y a una creciente preocupación de la ciudadanía por la seguridad pública.
