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Luego de la determinación del Gobierno de hacer una ampliación a la cárcel Santiago 1, para crear un plantel penitenciario de alta seguridad, los parlamentarios de Ñuble, consultaron a los ministros incumbentes en la materia, respecto a si este proyecto era un traspié para el anhelo de sacar la principal cárcel de Ñuble, del centro de Chillán. No hubo respuesta.
Hechas las mismas preguntas, por parte de nuestro medio a la seremi de Justicia, se explicó que “desde nuestra seremía, no podemos pronunciarnos al respecto”.
Y aunque tras 14 años de promesas, anuncios, fracasos, alcaldes con megáfonos gritando “en mi comuna, no”, preguntarse cuándo será el día en que saquen la cárcel del centro de Chillán, pareciera ser un mero ejercicio periodístico local, hoy la inquietud llegó al Concejo Municipal, en especial, tras conocerse que hace menos de dos semanas hubo una fuga frustrada de reos; y que días después el OS7 de Carabineros, gracias a una investigación previa, detuvieron a una mujer quien intentaba ingresar un ovoide (escondido al interior de su cuerpo) con pasta base, al recinto penal.
La cárcel de Chillán, creada en 1943 como un recinto de “mediana seguridad”, incluso para los estándares románticos de la delincuencia local, empezó a ser cuestionada en cuanto a su seguridad, apenas 50 años después.
No ha habido grandes cambios, salvo las obligatorias, como la instalación de un circuito de cámaras y la remodelación obligada tras la destrucción de parte del recinto tras el terremoto de 2010.
No cuenta con scanner para cuerpos, sus muros colindan con céntricas veredas desde donde les lanzan drogas, armas o teléfonos a los internos.
No cuenta con inhibidores de celulares, se ha detenido a abogados defensores por intentar ingresar celulares para los reos, y además, su sobrepoblación, ya alcanza los 730 internos, lo que significa a los menos 730 personas que llegan a verlos para los días de visitas, lo que para los siempre postergados gendarmes, resulta casi imposible poder fiscalizar.
Dudas hay muchas. Respuestas, muy pocas, vacuas y las de siempre.
“Un trabajo mancomunado”
Si se pudiera hacer una ránking de los clichés más irritantes a los que las autoridades suelen echar mano, cuando se les pregunta por la seguridad del entorno del recinto carcelario, la que se llevaría todos los premios (a la reiteración, falta de imaginación y cero connotación) es la de “estamos haciendo un trabajo mancomunado”, en relación a las policías, Fiscalía y Gendarmería.
Ese “trabajo mancomunado” es el que aluden cuando se detiene a alguien lanzando drogas a la cárcel desde calle 5 de Abril (a tres cuadras de la Catedral de Chillán), sin embargo, personal del OS7 admite que “eso es de todos los días”.
Tal rutina, no ha dejado de intimidar a los vecinos del sector, ya que el desparpajo de sus autores resulta inverosímil.
“Una noche, yo iba saliendo de la oficina en la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, que queda justo atrás de la cárcel. Recuerdo que se me había hecho tarde y ya estaba de noche, y cuando me estaba acercando a la calle, empecé a escuchar gritos y me asusté”, recuerda María Cecilia Fuentes, presidente de la Unión Comunal.
Se detuvo y prestó atención a los gritos. “Era una conversación entre una persona que estaba parada en la calle y alguien que le contestaba desde la cárcel. Y el de la calle le estaba avisando que la no sé cuánto se iba a casar, por lo que el otro le contestaba quizás qué cosa”, relató.
Pese al componente tragicómico del sabroso diálogo, la dirigente admite que “estar ahí en las noches, escuchar esos gritos, a esa gente, es realmente intimidante, por lo que creo que ni siquiera es necesario preguntarle a los vecinos de esa calle lo que sienten por tener la cárcel al lado”.
La solución para evitar los llamados “pelotazos” fue el poner una reja, perimetral y con una malla que las hace de cielo, que se instaló -con un presupuesto cercano a los $3oo millones-en 2020, fecha en la que según estimaciones de Gendarmería, se lanzaba un promedio de 700 pelotazos mensuales.
Hoy, los lanzadores, son pagados y se entrenan a diario, para arrojar con precisión olímpica los paquetes en un punto tan específico, sobre la misma malla de acero galvanizado, que los reos -una vez encerrados en sus módulos- las pueden alcanzar usando algún gancho o extensión fabricada por ellos mismos, vaya Dios a saber cómo.
Una disposición nacional -que inexplicablemente aún no se deroga- les permite a los internos contar con dinero en efectivo al interior de la cárcel, lo que garantiza un buen mercado para quienes manejan y distribuyen droga al interior del recinto.
Tampoco es un misterio que muchas organizaciones criminales comandan sus acciones desde el interior de la cárcel, por lo que el celular es su mejor amigo. Y las medidas de seguridad de la penitenciaría local no tiene muchas más herramientas que el acierto de la flagrancia o los allanamientos a las celdas, para evitar que usen estos aparatos.
La cuesta se hace más inclinada si se tienen en cuenta hechos como el de noviembre de 2023, cuando se detuvo a un gendarme de Chillán, Juan González Balboa, por asociarse a dos reos y sus familias para ingresar teléfonos celulares al recinto.
La pregunta, entonces, es si algo de esto se puede corregir o evitar solo con iniciativas locales. Para el abogado penalista y exfiscal militar, Rodrigo Vera Lama, la respuesta es tajante: “Esto no tiene que ver con leyes, ideas o iniciativas locales. Mientras no haya un cambio profundo del modelo carcelario y si no se legitima a Gendarmería en facultades, inteligencia y uso de la fuerza, no hay absolutamente nada que hacer”.
Gendarmería fuera de todo
Los gendarmes del país admiten que “son la rama pobre de las Fuerzas de Orden y Seguridad del país”.
No sólo porque reciben mucho menos recursos que el resto de las entidades uniformadas o porque trabajan en condiciones más precarias, sino porque ni siquiera son escuchados en las grandes mesas resolutivas.
Tampoco se les considera en las redes de inteligencia nacional, pese a que ellos están en contacto directo con los directores mismos del crimen organizado en el país. Apenas, los consideran para pedirles datos e información, pero nada más.
Es por eso que desde la Dirección de Gendarmería Regional de Ñuble no cuentan siquiera con mayor información respecto a un posible traslado de la cárcel, ni tampoco pueden dar fe respecto a un aumento de personal, mejoras de seguridad o si es posible comprar scanners de cuerpos para el acceso de las visitas.
El penalista, Rodrigo Vera Lama apunta que “en estos momentos se está tramitando una Ley de Inteligencia para el país, y el Gobierno insiste en no incorporar a Gendarmería como miembro pleno, lo que a mi juicio es inaceptable”.
Lo anterior redunda en que no habrá capacitaciones en materia de inteligencia para los funcionarios penitenciarios, quienes a su vez, deben lidiar con internos cada vez más organizados y preparados, incluso en Chillán.
No se puede dejar escapar en este punto, el que en la cárcel de Chillán ya cerca de una cincuentena de extranjeros privados de libertad, con un 60% de ellos, de origen colombiano y ligados a delitos de tráfico de drogas y porte de armas de fuego.
Vera Lama, añade que “no podemos olvidar que la dotación de gendarmes no es la adecuada para la población penal actual, las dependencias para las reuniones entre defensores y presos preventivos, tampoco son las óptimas y, en fin, son tantas las deficiencias que existen, que no es posible pensar que esa cárcel pueda seguir en ese lugar”.
¿Alguien recuerda el incendio?
Una de las reflexiones que las autoridades comunales de Puente Alto, realizaron tras los allanamientos en la “toma de lujo” de El Sueño de Todos, en la que cayó Sandra Acevedo Riascos, una de las delincuentes más buscadas de Colombia, fue que el Estado no puede competir en incentivos para los jóvenes, contra el narcotráfico.
La interrogante era simple: Un niño de 14 años, que las oficia de loro (vigilante) puede ganar al día entre 100 mil a 300 mil pesos diarios, mientras que el Estado les propone dejar las drogas a cambio de un trabajo sencillo, la recuperación de espacios o la posibilidad de terminar su Enseñanza Media, con facilidades.
Quien resuelva eso, podrá hablar de reinserción social con propiedad. En Chillán, en cuya cárcel siempre se ha hablado de reinserción social como objetivo principal, cuando cayó el muro poniente, para el terremoto, los reos que huyeron fueron cerca de 150. Y para evitar que Carabineros los persiguiera, incendiaron cinco casas y un restaurante de calle 5 de Abril, para darles algo mejor en qué ocuparse.
“Si el muro cae hoy, con el tipo de delincuencia que hay en la actualidad, no creo que pase lo que pasó en 2010, que casi todos volvieron de manera voluntaria”, reflexiona el concejal Rodrigo Ramírez, presidente de la Comisión Seguridad, del Concejo Municipal de Chillán.
Para el edil “es inconcebible que nadie hable o haga algo para concretar este proyecto de una vez por todas. La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, no quiere una cárcel en su comuna. El exintendente Martín Arrau, cuando tenía visualizado un terreno en San Carlos, vinieron políticos populistas a cerrarle la puerta”.
Ramírez recordó que pronto se iniciarán las obras de remodelación de la Plaza San Francisco, con pavimentación, paisajismo, iluminación y riego, incorporando nuevo mobiliario urbano y juegos infantiles, muy cerca del centro de justicia inaugurado hace algunos meses. “Mientras el entorno avanza en modernidad, seguimos con una cárcel que es incompatible con los fines urbanísticos que todos anhelamos”, comentó.
De estas críticas, también se hizo parte el concejal Joseph Careaga.
“La principal queja de los vecinos es la preocupación que les genera esa cárcel insegura y vieja. Les preocupa que nadie parezca acordarse del incendio que quemó una manzana entera y que nadie se digne a darles respuestas”, dijo.
Sin embargo, para el concejal, “no estoy tan seguro que lo de cárcel regional de Ñuble se haya perdido como proyecto, ya que tengo la sensación que esa cárcel de alta seguridad en Santiago, es una aspirina, es un anuncio que, finalmente, no se va a realizar”.
