Un nuevo informe sobre el estado de las residencias de menores publicó la Corte Suprema, tras visitas realizadas el segundo semestre de 2023 por jueces de tribunales de familia con el objetivo de supervisar las condiciones de los residentes y corregir deficiencias detectadas en el sistema de protección.
En el caso de Ñuble, se visitaron diez centros, de ellos, ocho pertenecen al Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (exSename), que acogen a 171 usuarios; los dos recintos restantes pertenecen a Conin y a Gendarmería.
Entre los principales resultados, se reveló que las residencias de Ñuble junto a otras de Antofagasta, La Serena y Valparaíso, entre otras, presentaron carencias de recurso humano especializado, que atienda y acoja adecuadamente las problemáticas de salud mental de los menores ingresados.
En términos de infraestructura, en Chillán se indicó que habría insuficiencia de personal de aseo en las residencias para cubrir la alta demanda de los niños. “Esto se refleja en la suciedad y desorden observado durante las visitas, incluyendo habitaciones, áreas comunes y espacios destinados a la higiene. También la infraestructura evidencia un deterioro importante, con pinturas desgastadas, puertas deterioradas con orificios y marcas de golpes, así como falta de mantenimiento en áreas como terrazas y techumbres”, reveló el reporte.
Asimismo, las jurisdicciones con mayor porcentaje de sobrepoblación son Arica (83%), Iquique (80%), La Serena (79%), Chillán y Punta Arenas (50%). En el caso de la capital regional, afecta a residencias colaboradoras.
Entre otros aspectos, se describe una caracterización de la población que reside en los centros, por ejemplo, se menciona que en Chillán 15 niños se encuentran en “completo abandono”, es decir, sin un adulto de la familia nuclear o extensa que tenga presencia en su vida y pueda generar vinculación, para lograr su egreso.
“Esta información que ha sido entregada en estos informes resulta crítica, teniendo en cuenta que se trata de niños, niñas y jóvenes a los que el Estado les debe proveer una alternativa de vida”, mencionó.
También se precisó que hay 9 niños con consumo de drogas y 75 con problemática o diagnóstico de salud mental. Se registraron 35 con discapacidad y 48 con enfermedad crónica.
“Los registros consignados por las duplas en este proceso de visitas dejan constancia de la preocupación que existe ante la facilidad con la que hacen abandono de las dependencias, exponiéndose constantemente a prostitución y policonsumo. En este sentido, se insiste en la existencia de un importante y alarmante número de sujetos de protección que presentarían consumo problemático de drogas y alcohol en algunas residencias y otro porcentaje que hace abandono de los recintos presumiblemente para consumir drogas”, detalló.
Desde la mirada de directora regional del Servicio de Protección, Virginia Alvayay, los reportes entregados por el Poder Judicial son asumidos como una oportunidad de mejora para el sistema de protección, descartando, a su vez, la existencia de una crisis en la realidad local, ya que, según aclaró, se han realizado mejoras en algunas dependencias y los niños están ingresados a la red de salud para recibir atención médica.
“Ha habido un avance, bastante sistemático y sostenido, que nos permite hablar en materia de infancia, mucho mejor de lo que pasó hace dos años. Creo que cuando la provincia de Ñuble dependía de Biobío, la mirada que se tenía competía con la de Arauco y BioBío. Hoy los menores están mirados por los servicios públicos de manera más evidente. Sí tenemos demanda y necesidades de programas más especializados. Siempre hay oportunidades de mejora, pero hoy el sistema no está en crisis. Creo que debiésemos hacer un esfuerzo por acercar una salud mental más especializada a la adolescencia, en general. Los menores que están gravemente vulnerados requieren circuitos más especializados en materia de salud mental, pero como requiere toda la población adolescente en Ñuble. Tenemos un déficit, pero ahora, con el hospital nuevo, vamos a tener camas infanto-adolescentes que se pueden hacer cargo de eso, pero de igual forma, hemos hecho todos los esfuerzos para que el hospital nos entregue atención y todos los vínculos con los Cesfam”, enfatizó.
Sobrecupo de 25 niños
De acuerdo al análisis de este Servicio, “no existe un hacinamiento” en las residencias, pero sí se reconoció la sobrepoblación en algunos centros, que en el total llega a 14%.
“Lamentablemente, la región comporta altas tasas de vulnerabilidad con menores, altas tasas de desprotección, por lo tanto, de manera permanente estamos recibiendo niños, adolescentes y lactantes en cuidado alternativo. Solo tenemos ocho residencias, con menores entre 0-18 años, con un dispositivo de discapacidad. Estas ocho residencias, hoy tienen por convenio, es decir, lo que contratamos como plazas atendidas, 146 niños, adolescentes y lactantes. Sin embargo, en la realidad tenemos 171. Eso corresponde a 25, distribuidos en dos, tres, cuatro por cada residencia, lo que no es un hacinamiento, le llamamos sobrecupo asociado a un 14%”, aclaró.
La directora recalcó que los sobrecupos están amparados en el artículo 80 Bis, es decir, que por orden de un tribunal, deben adoptar las medidas tendientes a generar tal oferta en el menor tiempo posible, lo que explica la sobrepoblación y lo que les ha permitido, a la vez, no contar con listas de espera en residencias.
“Para nosotros, siguen siendo cifras adecuadas por la alta demanda en cuidados alternativos. Cada residencia tiene la posibilidad de sobrecupo y operan bajo una modalidad 80 Bis, que es lo que permite la ley. Entonces, si bien es cierto, el ideal sería que para cada residencia no existan sobrecupos, todavía son cifras manejables. El 14% no es una diferencia tan elevada. (…) De acuerdo a lo legal, no podemos tener niños, adolescentes y lactantes en lista de espera en el cuidado alternativo. Es decir, derivado de tribunales tengo que ingresar un niño en la tarde. Tengo solo una hora para asignarle un cupo”, dijo.
Una estrategia que ha permitido mantener las residencias con un sobrecupo “manejable”, a diferencia de otras en el Norte, producto de la “crisis migratoria”, ha sido el programa de familia de acogida, donde éstas postulan para recibir niños con apoyo profesional del Servicio, mientras se resuelve judicialmente su mantención definitiva en tribunales.
Actualmente, 500 niños en Ñuble se encuentran con núcleos de acogida, durante un periodo estipulado entre seis meses a un año y medio, tiempo en que reciben una subvención para el cuidado del menor. El Servicio anticipó la creación de una unidad encargada de reforzar esta estrategia en el territorio.
Falta de personal especializado
Virgina Alvayay reconoció que, si bien los recintos cuentan con duplas conformadas por psicólogos y trabajadores sociales, existe la necesidad de contratar horas de psiquiatras debido a que algunos niños requieren atención más especializada y esquemas farmacológicos específicos.
Asimismo, señaló que la especialización en salud mental infanto-adolescente es un recurso escaso y difícil de encontrar en el mercado, lo que presenta un reto significativo. Sin embargo, enfatizó que existe competencia en esta área y permite identificar oportunidades de mejora en la eficiencia y efectividad para conectar a la población atendida con los centros de salud adecuados, lo que según admitió, se está haciendo, ya que todos los menores están inscritos en los recintos de salud.
“Sentir que el informe establece oportunidades de mejora de cómo somos más eficientes y efectivos de conectar a nuestra población atendida con los centros de salud. Eso lo estamos haciendo y todos los niños están inscritos en los Cesfam y Cosam. Aquí hay duplas psicosociales. Efectivamente, existen patologías o condiciones de salud mental que requieren atención más especializada y a veces, lo que está sucediendo es que estos niños tienen listas de espera en los servicios de salud o no llegamos como Estado a una atención lo más rápidamente posible. Ahora es un tema transversal no exclusivamente de este servicio”, apuntó.
“Se pueden contratar horas de psiquiatras, neurólogos u otros especialistas, que eso lo hacen los organismos colaboradores, pero dado que existen esas horas, el dispositivo tiene que responder a ese esquema farmacológico, tiene que entregar los medicamentos, tiene que llevar a los controles a los niños y lo que hemos detectado, que algunos dispositivos no llevan o el niño no quiere ir a los controles y a veces se pierde esa hora que está dando el servicio de salud”, explicó.
Además, Alvayay comentó sobre las renuncias dentro de las duplas psicosociales, lo que en ocasiones ha dejado a los equipos incompletos. Sin embargo, aseguró que en este momento se garantiza una atención completa. “Lo que nos ha pasado es que, a veces, hay renuncia (duplas psicosociales) y esa renuncia ha hecho, a veces, que los equipos, que debieran estar completos, falta uno u otro, pero diría que es lo mínimo. Nosotros siempre garantizamos una atención casi completa. En este momento, tenemos todos los equipos completos y todos los equipos de cuidado permanente completos”, afirmó.
Refacciones
Respecto a las deficiencias en infraestructura expuestas, la directora del Servicio explicó que “Nuestra Señora de Fátima partió con obras completas y ese trabajo pudo haber significado una reducción de espacio, pero era por una situación que tenía que ver con la mejora de la residencia, Entonces, el periodo de observación, pensaron que el comedor era muy pequeño. Se hicieron mejoras completas y hoy está nueva”, precisó la directora.
Desde su punto de vista, las residencias cuentan con condiciones físicas adecuadas para atender a este segmento que está sujeto a adquirir hábitos. Además, sostuvo que siendo instituciones privadas pueden adjudicarse fondos destinados a mejoras financiadas por el Servicio tras presentar un proyecto. “En la generalidad, son buenas casas. Las condiciones de habitabilidad e infraestructura son adecuadas para los niños y adolescentes y es suficiente (el personal de aseo). Además, todos los niños conforme van desarrollando en la vida, van adquiriendo hábitos respecto a su habitación. Este servicio otorga proyectos de infraestructura a esas residencias, a pesar de que son privadas. Hoy el incendio en San Benito significa al servicio más de $80 millones para refaccionar. En caso de un problema de electricidad, en San Alberto, $23 millones adicionales”, comentó.
Entre las observaciones del reporte, se señaló el abandono de cuatro usuarios del sistema residencial en Ñuble, lo que fue descartado por la autoridad, aclarando que no hubo una fuga de los residentes.
“El año pasado había un dispositivo que venía trabajando hace muchos años con la fundación Franz Reinisch con el Sename. Esa fundación nos comunicó el cierre. Cerró el 22 de agosto de 2023 con cuatro adolescentes adscritos a esa residencia y el 23 de agosto partió el proyecto Newen con la Fundación Crecer. Pero lo que no tuvo suficiente explicación en el informe, es que el equipo completo se quedó en esa residencia, porque fue contratado por la empresa nueva. No es que los niños hayan estado abandonados o no hayan tenido atención. Ellos pasaron a este dispositivo nuevo con el mismo equipo. A lo mejor, lo que existió fue la preocupación que si efectivamente al otro día iba a haber una empresa haciéndose cargo de esa casa”, respondió.
Propuestas
Desde la mirada de la académica del Depto. de Ciencias Sociales de la Universidad del Bío-Bío, Carmen Gloria Jarpa, las debilidades reveladas tanto en infraestructura como personal de trato directo o profesional, descritas tanto a nivel nacional como local, impactan negativamente en la intervención de los menores, por lo que requieren ser abordados con prontitud.
“Una de las observaciones recurrentes en Chillán es que el mismo servicio de protección especializado no ha respondido con celeridad, tal vez, a algunos elementos de apoyo o recursos solicitados por las residencias y eso me parece de las observaciones más graves. (..) Si la infraestructura es deficiente hay una vulneración de derechos para que el niño viva en un ambiente seguro. (…) Impacta negativamente. Además de la falta de profesionales, a mí me parece que en la rotación de profesionales, a causa del agotamiento o estabilidad laboral, es muy grave también, por el tema de generar el vínculo con el niño para los procesos de intervención. A las residencias llegan los niños que están en franca condición de abandono, hay que prepararlos para la vida independiente, pero en la generación de todos estos cambios conductuales. Se veían muchos destrozos que hacían los niños, porque había brotes de violencia. Y no puedes trabajar una agresividad con un profesional que está poco implicado o comprometido”, advirtió.
A su juicio, muchas veces no hay planes de intervención o protocolos para garantizar una buena atención. Desde su punto de vista, la parte técnica está bajo nivel, en general, en las residencias, por lo que requiere capacitación adecuada.
La especialista en intervención social con familias, planteó que conforme ha aumentado la complejidad de los casos, las residencias continúan funcionando con recursos limitados y bajo la dinámica techo- alimentación arrastrada de la década de los ‘90, por lo que se deben introducir cambios en el sistema.
“El sistema de subsidiaridad igual implica una subvención por cada niño atendido, entonces, se piensa más bien en el niño atendido, pero no se piensa en el cálculo de cuáles son todos los servicios que este niño requiere y muchas veces los recursos no son suficientes y así como aparece que no contratan a todo el personal que necesitan, también la rotación por los bajos sueldos, la inseguridad laboral. Debería haber un cálculo diferenciado. Hay subvenciones diferenciadas que no alcanzan a comprender algo que está subyacente al modelo de la licitación de estos servicios. Estos servicios se pueden postular, es decir, como que ganas una cartera de clientes, y esa mentalidad de privatización de lo que sucede con los menores ha generado un deterioro paulatino de la calidad de las atenciones que reciben y que no tiene correlato con el nivel de complejidad de las familias y los niños que se atiende”, sostuvo.
Finalmente, subrayó la necesidad de generar cambios en el sistema de evaluación de las instituciones a cargo de los recintos. “Una institución que tiene muchas observaciones debería estar obligada a postular nuevamente, pero no la que tiene una buena evaluación”, añadió.
