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Es el mismo problema que se arrastra por años en las zonas rurales de la región de Ñuble, pero visto esta vez desde el “lado oscuro de la Luna”.
Se estima que, en la región, son cerca de 80 los planteles, considerados como “fuentes potenciales de olores”, debido a que trabajan con animales de crianza, como cerdos, aves o vacunos, principalmente.
Ya sea por actividades como la ordeña o la deposición de los animales, los “malos” olores suelen ser perceptibles a kilómetros de la fuente emisora, razón por la que desde 2022, un decreto supremo, establece unidades de olor por metro cúbico permisibles como máximo y que se mide en “Unidades de Olor al Año”.
Y la intensidad permitida, conforme al decreto, tiene que ser del orden de las 8 unidades de olor (que es el estándar) en un periodo de 420 horas al año en total.
Algunos planteles, en especial aquellos que ya cuentan con asentamientos habitacionales en las proximidades, han comenzado a adquirir tecnologías (por lo general alemanas) de última generación y han adoptado la aplicación de productos especiales, para evitar excederse en la emanación de olores.
“Pero pretender que se eliminen por completo es imposible”, dijo el director en Ñuble de la Superintendencia de Medio Ambiente, Cristian Lineros, quien en una entrevista a Radio LA DISCUSIÓN, manifestó que “estas empresas están teniendo muchos problemas, porque ellos estaban funcionando cuando las casas más cercanas estaban a un par de kilómetros de distancia, en cambio, ahora, con esta expansión habitacional que hay en la región, y que es un fenómeno muy dinámico, nos encontramos con casas a 600 metros, a cuyos habitantes les molesta mucho el tema de los olores y la contaminación”.
La experiencia local ha demostrado que, en la enorme mayoría de las oportunidades en que estos conflictos entre planteles y vecinos se judicializan, o se llevan a las altas esferas medioambientales, quien suele perder es la emisora.
Fiscalizaciones en el sector de Nueva Aldea, derivaron en sanciones por derrame de purines a la planta de Maxagro, en 2022, las que significaron multas de hasta $7.400 millones; mientras que en los años 2016 y 2017, algunos planteles fueron sancionados con hasta 400 UTM.
Carlos Smith, ingeniero agrónomo e integrante del gremio de Agricultores de Ñuble, comentó al respecto que “esto no nos parece justo. Una cosa es que se sancione a las empresas que no cumplen con las normas establecidas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero otra cosa es cuando se les sanciona porque hay vecinos que acusan que los malos olores atentan contra su calidad de vida, en circunstancias que la planta estaba funcionando ahí muchos años antes que ellos llegaran”.
En simples palabras, “no sacan nada con irse a trabajar, literalmente, a la punta del cerro, si en tres años más, a causa de la falta de regulación territorial o por las políticas de vivienda que no han sido eficientes, la gente se instala donde quiere, sin fiscalización alguna, y se van a ir a vivir al lado de los planteles”.
En 1835, cuando se fundó por última vez Chillán, el emplazamiento de la ciudad era de 940 hectáreas. Hasta el 2024, la capital regional superaba las 7.500 hectáreas de emplazamiento urbano, y tras la promulgación del Plan Regulador Intercomunal, Chillán -Chillán Viejo, el área se volvió a expandir por más de 11 mil hectáreas de suelo urbano, en detrimento del suelo agrícola.
“Hoy en Chile, tenemos un déficit gigante de suelo agrícola”, sostuvo Carlos Smith, quien añadió que “y es por esa razón, que tanto la capacidad de cultivar o de criar animales se está viendo amenazada por la incapacidad de fiscalizar la proliferación de los loteos y de evitar la expansión horizontal de las ciudades”.
Las defensas de las empresas
Nuestro medio se contactó, en febrero de 2024, con la gerencia de la empresa santiaguina Maxagro para solicitarle respuestas por las denuncias vecinales y que derivaron en un posterior proceso sancionatorio.
Respecto a los procesos que se utilizan por la empresa para evitar incumplimientos a las normativas medioambientales, explicaron que “para nuestra empresa es prioritario realizar sus operaciones velando por el cuidado del medio ambiente y manteniendo siempre una relación cercana con las comunidades en su entorno. Por ello, realizamos capacitaciones e inversiones permanentes en tecnología de punta para, entre otras cosas, reducir al mínimo externalidades como los olores”.
Aseguraron que durante los últimos años, se han implementado con resultados que califican de “exitosos”, algunas medidas como la instalación de biodigestores que permiten tratar y valorizar los residuos; sistemas automatizados de ventilación; tapado hermético de lagunas, pozos y acequias; implementación del sistema Envirosuite, que permite monitorear en detalle los olores, entre otros.
Conforme a información extraoficial, se trataría del mismo proceso y ejecutado con un nivel de tecnología similares a las aplicadas en países líderes en el rubro, como Holanda o Dinamarca.
Respecto de la situación puntual ocurrida el 20 de julio de 2023, la del derrame de purines en un canal que desemboca en el río Rucapequén y que motivó sanciones por parte de la autoridad, explicaron que se trató de una falla técnica.
Adujeron una falla que se centró “en una bomba de impulsión, por lo cual se tomaron inmediatamente todas las medidas contempladas en el plan de contingencia para estos casos, aprobado en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto”.
Esto habría incluido la implementación inmediata de medidas correctivas, informadas a la Superintendencia del Medio Ambiente, a las autoridades de salud correspondientes y también a miembros de la comunidad.
“Gracias a esto, la situación fue resuelta en las siguientes horas y no se ha vuelto a repetir”, contestaron.
Se les preguntó si existen planes en un futuro próximo, para buscar fórmulas de mejorar los procesos de tratamiento de olores.
En respuesta dijeron que “sabemos que siempre es posible buscar nuevas y mejores fórmulas para avanzar hacia la mejora continua en todos los ámbitos de nuestra operación. Por ello, estamos atentos a nuevas tecnologías, y por lo mismo, fuimos pioneros en la implementación exitosa de los biodigestores. Esta convicción la mantenemos de forma permanente”.
Finalmente, respecto a las medidas adoptadas para no repetir los incidentes que derivaron en el derrame de purines en el río, aclaran que “estamos expectantes y esperamos que pronto la Contraloría tome razón de la nueva norma de olores, medida que permitirá contar con un marco regulatorio claro, para tranquilidad de las comunidades y de todos”.
Ni con la mejor tecnología
A lo largo de los años en que se ha amplificado el conflicto entre vecinos y planteles, una de las voces más escuchadas ha sido la del periodista y vecino del sector Quillay, en Chillán Viejo, Ulises Lari, quien también conformó grupos de defensa medioambiental y de contraparte a las empresas que han administrado el plantel.
Dijo a LA DISCUSIÓN, que respecto a estos procesos “estamos hablando de los tiempos en que los malos olores llegaban a Chillán Viejo y en ocasiones hasta Chillán. En esos años no existían los tratamientos que se han ido aplicando y teníamos problemas de moscas, ratas y todo tipo de vectores porque tampoco existían las leyes que hoy tenemos”.
Pese a que dice ser testigo de los esfuerzos que han hecho cada una de las administraciones que pasaron por el criadero y sus consecuentes mejoras, sabe que tales progresos poco y nada benefician a quienes viven en las inmediaciones.
En ese contexto, sostiene que “los olores han disminuido, pero no en un 80% ni menos en un 90%, lo cierto es que aún persisten, especialmente en la noche. Ahora, yo vivo a unos cuatro kilómetros del plantel y si por un lado confirmo que todavía están los olores también afirmo que de ninguna manera es como antes, ya que antes era insoportable”.
Lari realizó múltiples visitas al plantel en conjunto con seremis y superintendentes, admitiendo en la labor realizada en el último tiempo por Maxagro, un esmero basado en inversión y el uso de alta tecnología, como nunca antes. Pero reconoce que con eso tampoco basta.
Reconociendo que la empresa ha hecho grandes esfuerzos, aplicando esos nuevos biodigestores, dice que lo más probable es que continúen las denuncias, “porque el sector, especialmente en el Quillay, se ha ido poblando aceleradamente, hoy hay mucha gente, lo que significa que aunque la empresa siga mejorando sus procesos, siempre le llegarán olores a las personas que viven más cerca. Si estamos hablando de 130 mil cerdos que orinan y defecan todos los días”.
Lari explica también que el proceso de la aplicación del biodigestato que utilizan para el control de olores, hace que el purín se torne líquido “y eso tienen que echarlo en alguna parte, entonces lo ocupan para regar y eso es lo que genera ese olor que les llega a los vecinos”.
En conclusión, dice que “por lo que he observado tras todos estos años, creo que va a llegar un momento en que se hará incompatible que puedan coexistir un plantel porcino de ese tamaño con todas las familias que siguen y siguen viniendo a vivir a esos loteos que han surgido en Quilmo Bajo, en el Quillay. Va a llegar un día en que la vecindad será imposible. La verdad, es que yo no le veo una solución a corto plazo, ni con la mejor tecnología del mundo”.
No hay fuerza fiscalizadora
La pregunta, entonces, es si para los tribunales ambientales es válido o atendible como defensa de la empresa el que los vecinos reclamantes llegaran a instalarse al mismo sitio, después de ellos.
Cristian Lineros replica que, “por lo menos, en la práctica, desde el punto de vista normativo, el hecho que exista una actividad anterior en el área, no le entrega a la actividad comercial, alguna especie de salvoconducto o alguna condición especial para generar algún tipo de incumplimiento, sobre todo en esta materia. Entonces, nadie tiene un derecho adquirido, por así decirlo, desde el punto de vista del efecto de la contaminación”.
La solución, conforme al director, pasa por establecer límites claros de uso de suelo en los respectivos planes reguladores comunales, y tener la capacidad de hacer cumplir lo que ahí se determine.
Como ejemplo, cita las denuncias que, en otras regiones, realizaron algunos vecinos que se fueron a vivir cerca de la línea férrea, respecto al ruido que generaban los trenes. El conflicto se tuvo que dirimir en los Juzgados Civiles, quienes no dieron lugar a los reclamos por razones obvias.
“Creo que la discusión no termina en las instancias ambientales, sino que también deben intervenir otros órganos superiores en el Estado del Derecho, porque en efecto, es un problema muy complejo”, añade.
Pero es el dirigente gremial Carlos Smith, quien considera que “estas resoluciones lo único que están haciendo es desincentivar la producción agrícola y ganadera, que dicho sea de paso, genera alimento y empleos a muchas personas. Las multas son tan altas que pueden significar la quiebra de un plantel y por lo demás, hoy el Estado no tiene la fuerza para fiscalizar que la gente no construya donde quiera, y ejemplo de esto, son las personas que se fueron a instalar a la ribera del río Ñuble, sin que nadie se atreva a desalojarlos. Este año el SAG autorizó 440 subdivisiones para uso habitacional en suelo agrícola. Así, veo dificil una solución”.
