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El año 2023 será recordado como uno de los más inclementes en materia de desastres en la Región de Ñuble, debido a los incendios que se generaron en la etapa de verano y a ese invierno lluvioso que -literalmente- derribó casas y las arrastró por la corriente del río.
Los brigadistas de Conaf, Bomberos, Carabineros, el Ejército y personal de cada municipio, como siempre, fueron los llamados a reaccionar de inmediato y era común verlos metidos en el agua, en medio del fuego, o tratando (en ocasiones muy desorientados) de entregar respuestas a los desolados damnificados.
“Por ejemplo, en el incendio de Quinchamalí. Nadie sabía muy bien qué hacer con todas esas personas que habían perdido sus casas, o que debieron ser evacuadas. Nadie sabía muy bien dónde mandarlas”, apunta el ingeniero en prevención de riesgos, Felipe Ávila, integrante del equipo de Emergencias de la Municipalidad de Chillán.
Es por eso que para el municipio local fue un real motivo de celebración el que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) haya aprobado -y con un 100% de calificación- la propuesta de Plan Comunal de Emergencias (PCE), enviada por el consistorio, transformando en la Municipalidad de Chillán en una de las ocho, entre 40, que recibieron la certificación de este servicio.
En términos simples, el Plan Comunal de Emergencia es el documento que establece los protocolos de coordinación entre los distintos actores públicos y privados ante situaciones de emergencia o desastres, en la fase de respuestas. En la capital regional de Ñuble han sido históricamente tres: inundaciones (por desborde o anegamiento), los incendios forestales en zonas de interface y los terremotos.
Define también a los funcionarios encargados de coordinar lo establecidos en este conjunto de normas, y le entrega de antemano un rol a cada uno de los directores de departamentos para que el tiempo de respuesta en materia de mitigación, contención, organización y prevención, sea lo más corto posible.
Es en este escenario que el alcalde de Chillán, actualmente Camilo Benavente, asume el rol de jefe de emergencia.
Luego se define a un secretario técnico, cuya misión es reemplazar al alcalde para enfrentar la emergencia, que en este caso es el jefe comunal de Emergencia, Víctor Fernández, quien a su vez será asistido en roles de coordinación por los ingenieros en Prevención de Riesgo Felipe Ávila y Rodolfo Velásquez.
“Para las emergencias pasadas vimos que había mucho cacique y poco indio, por decirlo en términos muy coloquiales. Había intención más que conocimiento de cómo organizar y esa es la diferencia con lo que tenemos ahora con este Plan Comunal de Emergencia. Ahora está claro qué función se debe desempeñar, dentro de las direcciones municipales, para operar durante estas emergencias. Y esa misma matriz la veremos repetida con las diferentes instituciones externas que forman parte de la mesa de Emergencias de la Región”, explica Víctor Fernández.
Por lo demás, y siguiendo con el ejemplo de Quinchamalí, “ahora, gracias a que contamos con un plan comunal, se cuenta con una completa base de datos sobre cuáles son los albergues, que ya están acondicionados, que han sido supervisados por personal de Emergencias, del DAEM y de la Dideco”, añade el ingeniero Ávila.
Los cinco ejes del plan
Conforme a lo explicado por Fernández, el nuevo Plan Comunal de Emergencia que ya está activo en Chillán se puede entender con base en cinco ejes fundamentales, los que cuentan con sus respectivos objetivos estratégicos, acciones estratégicas, una fase de evaluación de los resultados, la definición del público objetivo a proteger; y finalmente, se identifica a los colaboradores municipales llamados a tomar parte en la fase de respuesta.
El primer eje se define como “Comprender el Riesgo de Desastre”. Los objetivos son promover la concientización y la educación sobre la materia, lo que implica desde campañas de concientización, a gestionar la colaboración con organismos gubernamentales, hasta la confección de mapas de apoyo para la gestión.
El segundo eje es el fortalecer la Gobernanza de la Gestión de Riesgo de Desastres. Implica incrementar competencias y capacidades de los actores, el rol de estos y los otros miembros de la sociedad, en la gestión de iniciativas para la reducción de riesgos. Se exige un programa anual de acciones preventivas, conformar mesas intersectoriales para el desarrollo de las acciones en conjunto con la sociedad civil, el sector público y el privado.
El tercer eje busca que se generen recursos para la reducción de riesgos de desastres, mediante la formulación de programas de identificación, monitoreo periódico de infraestructuras críticas de la comuna y la creación de fichas de evaluación de vulnerabilidad de esas infraestructuras.
El cuarto eje, es proporcionar una respuesta eficiente y eficaz a la comunicad. Se sugiere ampliar la Unidad de Emergencia Municipal, capacitaciones permanentes (incluyendo a dirigentes vecinales y directores municipales) y mejorar los sistemas de comunicación con la comuna, desarrollar simulacros de forma regular e implementar un sistema de comunicación con establecimientos educacionales, empresas, juntas de vecinos y otros estamentos)
El quinto eje, finalmente, es fomentar una recuperación sostenible, mediante la evaluación de daños y pérdidas, para apoyar en la toma de decisiones y planificación con base en información intersectorial.
En este punto, el ingeniero Rodolfo Velásquez, del departamento municipal de Emergencia, apunta que “es necesario que se empiece a concientizar a la gente que vivimos en un territorio lleno de amenazas, como por ejemplo los incendios forestales, amenazas de sismos, inundaciones por desbordes de cauces, por anegamientos viales, que son fenómenos que ya están todos identificados en el nuevo Plan Regulador Intercomunal”.
Por tanto, destaca que en este plan se hace una descripción del riesgo presente en nuestra comuna, “y respecto a eso debemos gestionar las acciones y protocolos necesarios para reducir esos riesgos para que el impacto sea menor”.
Sismos, incendios, inundaciones
El PCE iniciará sus protocolos en la medida que ocurran tres de los siniestros posibles y propios de la comuna de Chillán, como los incendios, inundaciones y sismos.
Todos ellos parten por un anuncio de alertas por parte de Senapred, y así dar inicio a las acciones propias de la fase de respuesta.
Como base, ya se cuenta con un completo mapeo de los sectores o infraestructura crítica que presentan los mayores riesgos en caso de inundaciones, incendios y terremotos, lo que incluye detalles como sitios particulares en los que se presentan factores de peligro como la acumulación de material altamente combustible, inflamables (por ejemplo un particular con decenas de buses estacionados en su patio, que fue detectado por la unidad de Emergencias), o incluso, farmacias que contienen algunos medicamentos que al calor podrían explosionar.
Independiente del tipo de siniestro, el protocolo mandata una primera fase de alerta y monitoreo, dirigida por la Unidad Municipal de Emergencias, la Inspección Municipal y Seguridad Pública, además de la Conaf para el caso de incendios; luego las respuestas se orientarán en la protección de personas; y como tercera parte, se debe otorgar un rápido aseguramiento de los damnificados y el procuramiento de las necesidades básicas.
Paralelamente, y desde el decreto de alertas amarillas en adelante, se debe convocar al Comité de Gestión de Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal, que deberá colaborar en situaciones como comunicaciones, facilitación de recursos, evacuación de personas, entrega de insumos a damnificados y habilitación de albergues.
“Ya tenemos definidos todos los lugares que pueden ser utilizados como centros de acopio, de distribución y como albergues. Los criterios incluyen espacios, equipamiento, ubicación y conectividad con el resto de los sectores de la ciudad. Un ejemplo, es la escuela República de Italia, que está en un punto muy estratégico del sector poniente de la ciudad”, apunta Víctor Fernández.
Posterior a esta fase, se debe trabajar en el levantamiento de información para comenzar los análisis situacionales que provean la información precisa -incluyendo un informe Alfa a cargo de la Dideco-para tomar las decisiones desde el mando central en orden a la fase recuperación. Este proceso debe realizarse en terreno.
Todo lo anterior debe ser prontamente sintetizado y comunicado en forma de alertas o avisos a la comunidad en general.
Tal información permitirá actuar con prontitud ante la necesidad de búsqueda o rescate y el traslado de personas y animales, lo que debe ser coordinado por un equipo técnico ya definido, en conjunto con Bomberos, el Ejército y Carabineros.
Para este objetivo, el municipio cuenta con ocho camiones (aljibe, transporte y pluma), dos furgones, un minibus, dos retroexcavadoras, dos motoniveladoras y una camioneta todo terreno.
Este mismo levantamiento de información permitirá, además, permitirá definir la necesidad de brindar apoyo a los centros de salud que requieran mayor asistencia.
Mapeo de lugares de riesgo
En cuanto a los lugares de mayor riesgo identificados por Emergencias, basado en las estadísticas de ocurrencias en los últimos años, en materia de incendios, desde 2018 al 2023 se registró un total de 290 siniestros de magnitud, afectando 1.887,68 hectáreas de suelo chillanejo.
Como puntos expuestos se definieron a los sectores Boyén, Centro de semillas, Colliguay, complejo Rio Viejo, Confluencia, Huape, Huechupin, Litral, Ñuble alto, Quilmo, Quinchamalí, Quinquehua y Santa cruz de Cuca.
También figuran las villas Barcelona, Shangrilá, Doña Francisca 1, 2 y 3, Doña Gabriela, Doña Rosa 1, 2 y 3, Emmanuel, Galilea, Islas del Sur, Jardines Del Sur, Jerusalén, Las Crisálidas, Las Delicias, Las Violetas, Libertad Oriente, Los Dominicos, Quilmo, Río Chillán, Ríos del Sur, Róbinson Ramírez, San Miguel, Santa Rufina, Brisas De Bicentenario.
Finalmente, los caminos San Bernardo, Camino Viejo de Coihueco, Camino a las Mariposas, Camino a Pinto y Camino a San Ignacio.
En el caso de las inundaciones, los sectores prioritarios se dividen en riesgos Muy Alto, Alto, Medio y Bajo.
Entre los muy alto figuran los sectores Doña Catalina, callejón San Nicolás Norte, Los Barriales, Las Mariposas, callejón Doña Catalina, Rinconada de Cato, Oro Verde y camino a Pinto.
Como de riesgo alto asoman Paseo Aragón, Mirador Boyén, Boyén, callejón San Nicolás y Cato.
Entre los sectores de riesgo medio, se identifican el Persa San Rafael,la población Irene Frei, el pasaje 31, la población Zañartu, Sepúlveda Bustos con Coquimbo, Avenida Francia, Los Volcanes, Los Petriles y camino a Pinto.
Finalmente, los que presentan riesgo bajo son la Avenida Vicente Méndez, Alonso de Ercilla con Galvarino, Argentina con Maipón, Vicente Méndez con Paul Harris, Vicente Méndez con Diego de Almagro y Argentina con Gamero.
En cuanto a los sismos, evidentemente la zona de afectación es toda la comuna, sin embargo, se tiene especial atención con el hospital Herminda Martín y todos los centros de salud, los edificios en altura, y otras infraestructuras consideradas críticas.
Sin embargo, como problema adicional asoman los sectores residenciales asentados en loteos irregulares.
El ingeniero Rodolfo Velásquez destaca que “en este punto es necesario hacer fuertes campañas de educación para que las personas entiendan que no es bueno que construyan o adquieran propiedades que se encuentren cerca de zonas de alto riesgo de desastre, como bosques, riberas o lugares así”.
Solicitudes de otras comunas
Considerando que la propuesta de plan que presentó la Municipalidad de Chillán al Senapred obtuvó un 100% en el sistema de evaluación y que, así se convirtió en el primer municipio de Ñuble en contar con esta herramienta de coordinación, “ya hay muchas otras comunas de la región que nos han solicitado los detalles de la presentación para poder contar con una base teórica en la que fundar sus nuevas propuestas”, comentó el alcalde, Camilo Benavente.
El jefe comunal añadió que “para nosotros es de una utilidad enorme contar con este plan, que nos permitirá proteger mejor a nuestros vecinos, nuestra infraestructura y nuestra comuna en general. Tenemos cinco años para implementar todo lo que se requiere por parte del Senapred, y entre esas exigencias, destaca la educación preventiva, tarea que asumiremos con mucha responsabilidad”.
