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Dos acciones legales contra el proyecto Embalse Zapallar -cuyo titular es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP- presentarán, hoy lunes, el Comité Unión Diguillín y personas naturales. Se trata de reclamaciones por falta de debida consideración de observaciones ciudadanas y solicitando la invalidación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Según la ONG Defensa Ambiental, que representa a los demandantes , el proyecto, que fue calificado favorablemente por la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Ñuble, “enfrenta acusaciones de inadecuada evaluación ambiental y amenaza a áreas de alta biodiversidad y patrimonio cultural”.
Ricardo Frez, abogado de Defensa Ambiental, señaló que “somos conscientes de que Ñuble es una región con vocación agrícola, donde la necesidad de riego es un problema latente, pero esto no nos faculta para que podamos buscar soluciones a cualquier costo, ni menos incumpliendo la normativa ambiental, sobre todo, con proyectos de esta naturaleza, que generan impactos tan graves e irreversibles para los territorios y los ecosistemas”.
Los demandantes argumentan que el proyecto adolece de ilegalidades tanto en aspectos formales como de fondo, señalando deficiencias en los procesos de participación ciudadana y en la evaluación de los impactos ambientales. Destacan que la Coeva no consideró adecuadamente los efectos del proyecto en la biodiversidad, especialmente en áreas protegidas como la Reserva de la Biósfera, que alberga ecosistemas vitales.
Desde la ONG manifestaron que la instalación del proyecto implicaría afectaciones irreversibles a diversa flora, fauna y funga en categoría de protección. Respecto a la flora y vegetación, serán cortados 400 individuos de guindo santo, 369 individuos de naranjillo y más de 7.700 individuos de ciprés de la cordillera. Respecto a la fauna acuática, se interrumpirá el libre desplazamiento de peces endémicos y en categoría de protección como la carmelita, el bagrecito y el tollo.
Además, se alerta sobre el desplazamiento forzoso de familias ribereñas y la afectación directa de 24 elementos arqueológicos.
Valentina Ibarra, vocera de la agrupación Somos Diguillín, comentó que “todavía no conocemos el impacto real de este proyecto porque aún no se presenta el estudio de impacto ambiental de las obras anexas y complementarias, que es toda la red de canalización en El Carmen y San Ignacio. A la gente acá le tiene bastante preocupada no saber por dónde van a pasar los canales, qué áreas van a ser expropiadas, cuánto terreno va a ser destruido, cuántos canales van a ser intervenidos”.
Por su parte, Patricia Troncoso, del Comité Unión Diguillín, señaló que “el proceso de participación ciudadana fue muy deficiente porque el SEA lo realizó en pandemia en forma online, y acá la conexión a internet es pésima , tenemos adultos mayores y muchos no se manejan con la tecnología”
