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En total son 15 los inmuebles, entre edificaciones y predios, los que consigna la carpeta de investigación fiscal, como apropiados de manera fraudulenta por los exdirectores de la sociedad inmobiliaria Intachi, conformada por el exjuez de Policía Local de Pemuco, Fernando Vallejos Palacios,y su padre, Déctor Vallejos, durante los años 2002 y 2018, aprovechando su condición de representantes jurídicos de la -ya disuelta- sociedad.
Mientras Déctor Vallejos no compareció a la audiencia de formalización realizada ayer, en el Juzgado de Garantía de Chillán, la fiscal (s) Valentina Hormazábal, sí formuló cargos en contra de Fernando Vallejos, y además, en contra de su hermano del exjuez, Ricardo Vallejos Palacios, quien para el tiempo en que se cometieron estos fraudes, detentaba el cargo de administrador municipal y parte de la Sociedad Santa Teresa, entidad “de papel” utilizada para concretar los traspasos fraudulentos de los inmuebles de Intachi, que promedian un avalúo de $3 mil millones.
Conforme a la persecutora, Ricardo Vallejos -quien se encuentra además imputado por el delito de cohecho, en el llamado “Caso Led”- se habría aprovechado de su cargo municipal para acelerar un permiso de construcción en favor de la empresa Cougat (un supermercado), y así cumplir con una de las condiciones impuestas para concretar la venta de un predio ubicado en la Avenida Argentina, además de otras 15 propiedades que les habían prometido vender.
Por tal razón, es que la Fiscalía le imputa el delito de tráfico de influencias.
“Los imputados, desde el año 2003, a través de diversos artilugios, traspasaron 15 propiedades de Intachi a sociedades controladas por ellos y por sus familiares y una vez que ya eran parte de su patrimonio, los prometieron, en 2018, al supermercado en la ciudad de Linares, mediante un contrato de compraventa”, explicó la persecutora.
El abogado querellante, Guillermo Véjar, añade que se vinieron a enterar de estas apropiaciones indebidas solo cuando algunos socios advirtieron que en un predio de la Avenida Argentina, donde antes había un servicentro, se estaba construyendo el supermercado, sin que nadie les haya notificado respecto a las transacciones.
Reunión con tres funcionarios
Dentro de los pasajes de la formalización, la representante del Ministerio Público detalló que Ricardo Vallejos, en uso de sus funciones municipales, convocó a una reunión a tres funcionarios de la casa consistorial, a quien les pidió acelerar los procesos de autorización de construcción del supermercado, en favor de Cougat.
“Hasta ahora, el Ministerio Público no estima que esos tres funcionarios hayan incurrido en algún ilícito. Fue Ricardo Vallejos quien coordinó esa reunión, sin que los funcionarios supieran cuáles eran las intenciones ni los efectos de aprobar anticipadamente los permisos de Cougat”, aclara la fiscal, quien advirtió que las penas asociadas a estos delitos parten en los tres años y un día de cárcel.
Ricardo y Fernando Vallejos quedaron con cautelares de arraigo nacional y firma mensual; mientras que para Déctor Vallejos se agendó una nueva fecha de formalización
