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La ministra del Interior, Carolina Tohá, anunció la decisión del gobierno de revocar 25 pensiones de gracia otorgadas a víctimas de lesiones durante el estallido social que tenían condenas por delitos graves o habían recibido el beneficio de manera irregular. El proceso de revocación se concretó con el ingreso de 24 decretos por parte de la División Jurídica de Interior el 19 de febrero, sumándose a un caso anterior entregado a Contraloría la semana previa.
Esta medida administrativa expone cada caso particular que perderá el beneficio y debe ser revisada por Contraloría en un plazo de 15 días hábiles. El ente contralor emitió un informe el 25 de enero evidenciando irregularidades en la entrega de estas pensiones, lo que llevó al Ejecutivo a tomar la decisión de revocarlas.
Entre las irregularidades señaladas por Contraloría se encontraron condenas penales en 58 pensionados, algunos por delitos violentos como abuso sexual y homicidio. También se detectaron expedientes sin antecedentes médicos claros y certificados médicos poco legibles o contradictorios. La falta de validación adecuada de los antecedentes incumplió principios de control y transparencia.
