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La Fiscalía anunció la creación de un grupo especial para iniciar la investigación sobre posibles irregularidades en las pensiones de gracia otorgadas a víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
El fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, sostuvo que “hemos mantenido reuniones con los equipos de Fiscalía Nacional, la Unidad Especializada Anticorrupción. He decidido designar dos fiscales de apoyo para esta investigación, con especialidad en delitos funcionarios y corrupción, y en delitos económicos indistintamente, de la Fiscalía Local de Maipú y Pudahuel”.
“Además, he solicitado a la Policía de Investigaciones la conformación de un equipo de la Brigada Anticorrupción Metropolitano para la investigación y la realización de determinadas diligencias”, añadió.
Tras una revisión de los casos, el Ejecutivo anunció que al menos 25 de estos beneficios serán revocados, luego que se comprobara que algunos de los involucrados tenían antecedentes por delitos graves y que no se presentaron informes médicos a la hora de otorgar las pensiones.
El fiscal nacional Ángel Valencia había apuntado que eventualmente se podría investigar los delitos de fraude de subvenciones y prevaricación
