Señor Director:
Este 2023 se cumplen 20 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), instrumento que
representa el compromiso internacional por la lucha en contra de una problemática que afecta la confianza, el orden social y
obstaculiza el desarrollo sostenible.
La lucha contra de la corrupción debemos entenderla no sólo como un derecho, sino como una responsabilidad de todos.
Las organizaciones deben promover la integridad, transparencia y responsabilidad en sus acciones y las de sus colaboradores;
concientizando de forma transversal sobre las políticas anticorrupción que formen parte de sus modelos de prevención de
delito, y manifestando su total rechazo a prácticas corruptas, tales como el cohecho de funcionarios públicos y el lavado de
activos. A su vez, la sociedad civil debe promover la transparencia, exigir la rendición de cuentas de los gobiernos, impulsar la
ética empresarial e involucrarse en la discusión de reformas legales que fortalezcan la lucha contra la corrupción.
Es precisamente por ese vínculo tan estrecho entre la esfera pública, la corrupción, el mercado y la delincuencia económica,
que Chile ha buscado dar un paso adelante contra la corrupción con la promulgación de la Ley de Delitos Económicos, persi-
guiendo con más firmeza delitos que atentan precisamente con el principio de transparencia, la confianza en el mercado y la
defensa de la democracia. Se hace evidente que esta lucha no la podemos dar solos; y que la transparencia y la colaboración
entre el sector público, la sociedad civil y el sector privado son la principal vía para prevenir la corrupción.
Caterina Ravera
Asociada senior grupo Compliance de Albagli Zaliasnik (az)
