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Luego que el pasado 25 de septiembre la Fiscalía Regional de Ñuble presentara -tras más de tres años de investigación judicial- la acusación en contra de los 19 imputados que en total tiene el llamado “Caso Led”, se fijó una audiencia de preparación de juicio oral a realizarse el próximo 8 de noviembre en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago.
Audiencia en la que se presentará la lista de testigos, de documentos y evidencias diversas a presentar en el juicio oral aún por agendar, en contra de los imputados de las aristas Santiago (por el ministerio de Energía), Negrete y Coyhaique, además de la “arista Chillán” que tiene como imputados al exadministrador municipal Ricardo Vallejos, para quien piden ocho años de cárcel; al exasesor judicial, Marcelo Campos; y al exconcejal Víctor Sepúlveda, para quienes piden una pena de 10 años.
Sin embargo, en las páginas 34, 35, 90 y 93 del documento de acusación entregado al tribunal y al que tuvo acceso La Discusión, se menciona de manera explícita que la bolsa con dinero que el gerente de la formalizada habría entregado al entonces concejal Sepúlveda, correspondía solo a una de las cuotas pactadas entre la empresa que se adjudicó de manera irregular el recambio de luminarias por tecnología led, y otros concejales de la comuna.
A modo de ejemplo, se puede citar el extracto de la página 94, relativo al llamado “Hecho 6” de Chillán, que dice: “El día 21 de abril de 2020, los imputados León Marcelo Lefort Hernández y Víctor Hugo Amado Herrera viajan a la ciudad de Chillán para la firma del respectivo contrato de licitación. Mientras el imputado Lefort realizaba dicho trámite en la Notaría Bustos ubicada en calle Arauco N° 620 de dicha ciudad, el imputado Amado se dirigió, en el automóvil del imputado Lefort, al edificio de departamentos ubicado en la intersección de la calle Itata con el pasaje Nahueltoro de la ciudad de Chillán, lugar en que hace entrega al imputado Sepúlveda de una bolsa con dinero efectivo, el que correspondía a la parte del soborno convenido para él y para otros concejales de la Municipalidad de Chillán”.
Sin embargo, estos concejales destinatarios de los sobornos pactados no son individualizados en el documento fiscal y, evidentemente, no fueron perseguidos penalmente y mucho menos formalizados.
Cabe destacar que para 2020, año en que se concreta la votación del Concejo Municipal (con el alcalde Sergio Zarzar ausente por varias semanas debido a problemas de salud), presidido por el entonces administrador Ricardo Vallejos en su calidad de alcalde subrogante, los concejales eran, aparte de Sepúlveda, Nadia Kaik, Juan López Cruz, Jorge Vaccaro, Joseph Careaga, Brígida Hormazábal, Patricio Huepe y el actual alcalde de Chillán, Camilo Benavente, quien de hecho fue el único de los ocho ediles que votó en contra de la adjudicación del concurso a Itelecom, porque -conforme a las notas periodísticas de esos años- no estaba conforme con la transparencia del proceso.
Por otro lado, una vez que se hizo público el caso, todos los concejales, salvo Benavente y Joseph Careaga, presentaron una querella conjunta (Sepúlveda incluido) mediante el abogado penquista Remberto Valdés.
Sin embargo, y luego que el jurista en múltiples ocasiones dijera que “estamos ante el caso de defraudación al Estado más grande de la historia”, la querella no prosperó y ninguno de los concejales es parte de la causa en calidad de querellante.
El primer “triunfo” fiscal
A fines de agosto, la fiscal regional Nayalet Mansilla, junto al equipo con el que investiga el caso Led en todas sus aristas, salvo la de Iquique, se mostró abierta a ofrecer a algunos imputados, entre ellos a Vallejos y Campos, la posibilidad de terminar la causa en un juicio abreviado, instancia opcional a un juicio oral, en la que se acusa sin oposición controversial de la defensa a cambio de una pena más baja que la que se plantea en la acusación.
No obstante, semanas después desistieron para todos, menos para los imputados de la arista de Puerto Natales, a quienes llevaron a juicio abreviado el día de ayer, obteniendo la primera condena privativa de libertad, de 3 años y un día, en contra del encargado del área de luminarias de ese municipio, Andrés Matulich Silva, quien admitió tratativas a cambio de sobornos, siendo además multado con $67 millones por el delito de cohecho y otras 20 UTM por el de violación de secreto.
Se debe hacer presente que el exalcalde de esa comuna, José Paredes, también está formalizado, pero no fue objeto de una oferta de juicio abreviado.
Fuentes ligadas a la investigación revelaron a La Discusión que “se ofreció el abreviado a Matulich, porque él tenía un cargo técnico y no detentaba mayor influencia en el resto a de la municipalidad. Distinto es el caso del alcalde o de los imputados de Chillán”.
Esta condena se logró y con esa pena, porque Matulich admitió que las tratativas con Itelecom fueron en el año 2019, cuando ya se había modificado la Ley Anticorrupción que desde entonces es castigada con penas de crimen.
Conforma a la acusación fiscal, Vallejos, Sepúlveda y Campos también llegaron a acuerdo con Itelecom en 2019.
