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Más de 4 mil licitaciones en el país fueron declaradas desiertas en el sector de la construcción durante el 2022, lo que significó que el Estado dejó de invertir en proyectos públicos más de 800 mil millones de pesos ese año. Esto, de acuerdo a una investigación de la Universidad de Talca, representa un 100% de aumento respecto a 2021.
Así lo estableció el “Estudio de licitaciones desiertas y sin ofertas. Sector Construcción”, realizado por el académico de la Facultad de Ingeniería de dicha casa de estudios, Armando Durán Bustamante, quien analizó todos los proyectos no adjudicados del periodo entre el 2019 y el primer semestre de 2023.
Producto de la investigación se pudo establecer que, durante el año pasado, 4.023 proyectos no fueron adjudicados, representando un 28,6% de las 14.064 licitaciones correspondientes a ese periodo.
“Se ha producido un incremento constante de las licitaciones declaradas desiertas desde el 2019 hasta el primer semestre de 2023, y los montos no adjudicados en esos años pasaron de $224.031 millones a $802.683 millones”, precisó el académico de la Escuela de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la UTalca.
Al analizar la situación región por región, la investigación del académico determinó que Atacama (43%), O’Higgins (40%), Antofagasta (39%) y Ñuble (38%) exhiben los mayores presupuestos de licitaciones no adjudicadas durante 2022.
Respecto a los primeros siete meses de 2023, los datos tampoco son alentadores, ya que la cifra de proyectos adjudicados, según el estudio, disminuyó un 150% respecto al mismo periodo del año pasado. Entre enero y julio del presente año, el estudio reveló que Ñuble (44%), O’Higgins (40%) y Antofagasta (38%) tienen las mayores tasas de licitaciones desiertas.
El profesor de la UTalca explicó que, esta baja en las adjudicaciones de proyectos se está produciendo en un segmento que afecta directamente a los sectores más vulnerables, ya que son licitaciones de pequeña y mediana envergadura, en un tramo que va entre los 50 y 300 millones de pesos.
“Son los proyectos grandes los que están siendo adjudicados, pero aquellos pequeños como la pavimentación participativa, construcción de jardines infantiles, ampliación de colegios, multicanchas, sedes sociales, no están siendo adjudicados”, alertó.
Región de Ñuble
En la región de Ñuble, los datos son alarmantes, porque, mientras en 2021 no se lograron adjudicar proyectos por un valor total de $5.134 millones, en 2022 esa cifra subió a $21.578 millones (38% del presupuesto), detalló el profesor Durán, lo que representa un aumento de 320%, tres veces el incremento promedio a nivel nacional.
“De un total de 644 proyectos licitados el año pasado en la región, 196 fueron declarados desiertos (30,4%) por falta de presupuesto. Proyectos que han sido esperados por largo tiempo por la ciudadanía”, comentó.
“Para una región nueva, obras públicas se queda sin empresas de participar en más del 30% de los contratos, no se construyen, lo que supone en términos económicos, si se compara en términos de viviendas sociales, que se dejaron de construir 1.500 viviendas en la región, lo que afecta la competitividad y la empleabilidad, siendo Ñuble una de las regiones con las más altas tasas de desocupación”, expresó el académico.
En cuanto al periodo enero-julio de 2023, de las 374 licitaciones en Ñuble, un total de 164 (44%) fueron declaradas desiertas, muy por encima del 30,4% promedio a nivel nacional.
“La desaceleración que ha sufrido la región de Ñuble en inversión privada y pública afectará negativamente el crecimiento. Esta región presenta falencias, entre las que se encuentran una infraestructura pobre, poca inversión, costos extra en proyectos de construcción, falta de disponibilidad de recursos. Las ciudades de la región de Ñuble han crecido, se suma que algunas presentan altos niveles de exposición y vulnerabilidad a amenazas naturales y a eventos climáticos extremos y que requieren a corto plazo de nuevas soluciones de infraestructura”, analizó Durán.
Según expuso el profesor de la UTalca, “las inversiones en infraestructura de obras viales en la región, por ejemplo, afectan el transporte y son imprescindibles, puesto que aumentan la capacidad y mejoran la eficiencia de los tiempos de traslado; esta región exporta sus productos agrícolas y requiere de cadenas de logística eficientes en que el transporte es fundamental”.
Factores
Junto con el análisis de los datos recopilados, el estudio incluyó 112 entrevistas a empresas del rubro de la construcción, lo que permitió establecer cuáles son los factores que están generando el bajo interés en participar y adjudicarse licitaciones públicas.
Los principales problemas mencionados por las compañías y que impactan a la hora de ofertar en una licitación pública son el alza de materiales, con un 61%, junto con el financiamiento del proyecto, con 24%.
“El tercer factor serían todas estas variables de la seguridad, que no se consideraban en la logística del proyecto y que hoy están asociadas al incremento de la delincuencia en Chile”, puntualizó el académico.
Por su parte, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Chillán, Ricardo Salman Aburdene, “la elevada tasa de licitaciones desiertas en Ñuble se debe principalmente a dos factores. En primer lugar, se encuentra el debilitamiento de las empresas como consecuencia de la crisis económica que afecta al país, especialmente al sector de la construcción. Durante la pandemia, los costos de los materiales de construcción experimentaron un aumento significativo, lo que debilitó el capital de trabajo de las empresas durante casi tres años. Aunque la presión en los costos ha disminuido, persiste una notable lentitud y burocracia en el proceso de aprobación de proyectos, lo que ralentiza la actividad y la encarece, dificultando la recuperación de las empresas”.
En segundo lugar, continuó el dirigente gremial, “las estrictas restricciones financieras impuestas por la banca privada y el BancoEstado han limitado el financiamiento de nuevos proyectos, líneas de crédito, capital de trabajo y boletas de garantía. Esto ha llevado a las empresas a depender en gran medida de sus propios recursos, reduciendo su capacidad para asumir nuevas obras y participar en licitaciones. Estos dos factores combinados explican por qué las empresas no pueden participar en todas las licitaciones debido a limitaciones financieras”.
Salman añadió que, “además, otros factores han impactado a las empresas, como los retrasos en la licitación de obras debido a revisiones en el Ministerio de Desarrollo Social, un trámite que antes no era necesario para proyectos de conservación. También se suman los desafíos ocasionados por los incendios en verano y las inundaciones durante el invierno, que han distraído a las autoridades de la gestión, aprobación y licitación de proyectos, obligándolas a enfocarse en obras de emergencia. En resumen, este año se caracteriza por una alta tasa de licitaciones desiertas, retrasos en los proyectos y una concentración de estas licitaciones hacia el último trimestre, con la esperanza de una recuperación de la actividad”.
En ese sentido, el timonel de la CChC Chillán planteó que, “esperamos que el control de la inflación avance y se concluya prontamente, aunque persisten dudas debido al crecimiento del gasto público en el presupuesto del próximo año, lo que podría ejercer presión sobre la demanda y la inflación en cierta medida”.
“Una vez controlada la inflación, sería fundamental reducir la tasa de interés y eliminar las restricciones al financiamiento de proyectos de inversión. Asimismo, es necesario agilizar los procesos de permisología y reducir los plazos de aprobación de proyectos y licitación de obras, que junto con las altas tasas de interés actuales, elevan los costos. Estas medidas son esenciales para reactivar la actividad económica y estimular el crecimiento”, cerró Salman.
Proyecto de ley
En ese sentido, el seremi de Economía de Ñuble, Erick Solo de Zaldívar Garay, reconoció que “el aumento de licitaciones desiertas es una situación que nos preocupa. Estos indicadores precisamente nos han llevado como Gobierno y Ministerio de Economía a presentar al Congreso Nacional el proyecto que moderniza el sistema de compras públicas, el cual busca aumentar el número de instituciones reguladas por la ley y extender la cobertura de la plataforma Mercado Público, promoviendo la participación de las empresas de menor tamaño y de las cooperativas. El proyecto fue aprobado por el Congreso y actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional en revisión de algunas normas”.
“Es importante relevar que -enfatizó el seremi-, de acuerdo con estimaciones de Chile Compra, las medidas aprobadas implicarán un aumento aproximado en las ventas de las Mipymes y Cooperativas de US$ 300 millones, lo que sin duda es un beneficio para este sector. Además, se establecerá exclusividad de los procedimientos de compras ágiles para ellos, lo que permitirá tener un sistema más justo e igualar condiciones y atractivo en comparación a las grandes empresas. Recordemos que actualmente el tope para este sector es de 30 UTM, y con la promulgación de esta reforma, su tope aumenta a 100 UTM. De esta forma, toda adquisición de bienes o servicios que tenga un valor igual o inferior a 100 UTM deberá ser visto mediante compra ágil y proveído por una Mipyme o cooperativa, y solo en el caso que ninguna Mipyme o cooperativa haya presentado una oferta, el proveedor podrá adquirir el bien o servicio de empresas que no sean de menor tamaño”.
Solo de Zaldívar complementó que “también se promueven y fortalecen a los proveedores locales, por lo que, al momento de haber una necesidad de un bien o servicio, por ejemplo, en Chillán, se priorizará a los ofertantes locales”.
Por otro lado, indicó que “en el proyecto se incorporan normas y criterios de sustentabilidad, probidad, transparencia, competencia e innovación. Este último punto toma una relevancia especial, porque se crearán procedimientos especiales con foco en la innovación, donde la existencia de ellos les permitirá a los organismos del Estado buscar soluciones innovadoras (I+D) a problemas complejos que el día de hoy enfrenta la administración y que los productos o servicios actualmente disponibles en el mercado no pueden resolver o que requieren adaptaciones para poder hacerlo”.
