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Defensa de ambos imputados hizo analogía con las apelaciones del “Caso Led” y anuncia que seguirá insistiendo. Debate se sigue centrando en si hubo o no estafa a los municipios.
Por unanimidad, la Corte de Apelaciones de Chillán ratificó la resolución del Juzgado de Garantía de Bulnes, cuya titular, la magistrado Claudia Aguayo, rechazó la solicitud de modificar las medidas cautelares de prisión preventiva que pesan sobre el empresario Rodrigo Carmona y el exconcejal de Chillán, Rodrigo Sandoval, ambos imputados por los delitos de soborno, en el marco de un proceso licitatorio, presuntamente irregular, en los municipios de San Ignacio y Ñiquén, conocido como “Caso Cuentas Corrientes”.
Como ya se expuso en la audiencia del pasado jueves 24 de agosto en el tribunal bulnensino, las defensas buscaron contravenir la tesis fiscal que presenta el modelo de negocios ideado por Rodrigo Carmona, para generar mayores ingresos a los municipios que contratan los servicios de su empresa Gestión Global, como una estafa.
El fundamento, expuesto por el abogado Giovanni Gotelli, quien junto al jurista Carlos Astorga, conforman la defensa de ambos imputados, apunta a que las municipalidades no perdieron dinero con la consultoría realizada por Gestión Global ni con el posterior llamado a licitar las cuentas corrientes consistoriales, sino que por el contrario, obtuvieron ganancias lícitas, por concepto de intereses, de hasta un mil por ciento respecto a lo que los bancos les entregaban anualmente antes de ese proceso.
Como ejemplo citó que “El Bosque recibió $60 millones en cinco años por parte de su banco; con la participación de Global Spa, recibió $1.495 millones. Lampa, en cinco años recibió cero peso y con la gestión de Global, recibió $628 millones; Macul, pasó de $5 millones a $675 millones; y en San Joaquín, que tenían ingresos por $184 millones, pasaron a $1.067 millones”.
Y respecto a Rodrigo Sandoval insistió que en la carpeta fiscal no había indicio alguno que fuera concluyente que lo vinculara a este proceso de licitación fraudulenta de consultorías, que además tienen como imputados a los alcaldes de San Ignacio, César Figueroa y al de Ñiquén, Manuel Pino, junto a otros cuatro funcionarios municipales.
Pese a lo anterior, el abogado asesor de la Fiscalía Regional de Chillán, insistió en que “ambos imputados son la cabeza de esta agrupación criminal que ha pagado sobornos en varias municipalidades del país. Los antecedentes que hay son contundentes respecto a los dos. Hay declaraciones, hay escuchas telefónicas, hay pantallazos de Whatsapp y todo apunta a que acá hubo ofrecimientos para realizar una licitación que era un traje a la medida para la empresa de don Rodrigo Carmona”.
Defensa seguirá insistiendo
Finalizada la audiencia, el defensor Giovanni Gotelli hizo una analogía con la cantidad de oportunidades que los defensores de los 22 imputados por el llamado “Caso Led” acudieron tanto a la Corte de Apelaciones como a la Suprema para insistir en que se revocaran las cautelares de prisión preventiva, hasta que finalmente lo lograron.
“Esta es la primera vez que acudo a la Ilustrísima Corte solicitándole la revocación de esta medida. Obviamente que habrá que seguir trabajando; en el caso de las luces led, yo vine tres veces a la Corte y otros defensores acudieron hasta en 10 oportunidades, incluyendo la Corte Suprema, por lo tanto, esto es solo el inicio de un trabajo y de un esfuerzo; hoy, se entiende que hay antecedentes que siguen justificando la prisión preventiva, no lo comparto y discrepo, pero lo respeto y lo acato”, comentó.
