Existe una necesidad quizás tan o más importante que la educación escolar formal que permanece oculta y que es consecuencia directa del sistema educacional. En estos últimos años, la OCDE y otras organizaciones han comenzado a poner énfasis en el “analfabetismo funcional”, que representa a la gran cantidad de adultos que no entienden lo que leen o que no son capaces de resolver operaciones numéricas básicas.
Esta población, si bien cuenta con conocimientos elementales, en la práctica no está en condiciones de desarrollarse, lo que representa no solo una importante limitante en una sociedad cada vez más global y tecnologizada, sino también la convierte en el blanco de políticos inescrupulosos y mensajes manipuladores que tienen mayores posibilidades de lograr sus propósitos en una ciudadanía que carece de espíritu crítico y formación para entender y discernir lo real de lo falso. De esta forma, el analfabetismo funcional da paso a un analfabetismo político que difícilmente puede generar políticos de buena calidad, honrados y capaces.
Hace un año se hicieron públicos los resultados del segundo Estudio de Competencias básicas de la Población Adulta realizado por el Centro Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esta investigación nos mostró un país con un 44% de analfabetismo funcional en la comprensión de textos, un 42% en documentos y un 51% en el área cuantitativa. Junto a ello, reveló que entre un 80 y un 84 % de los chilenos no comprende bien lo que lee, un 65 % de los profesionales chilenos sólo entiende textos simples y un 27 % de ellos no llega a un nivel básico de comprensión lectora (es decir, son analfabetos funcionales).
Estos datos son dramáticos, pero más lo es el hecho de que parecen no preocuparles a nadie, tal como ha sido la tónica en los últimos 15 años, período en el cual las tasas de analfabetismo funcional en los adultos prácticamente no han variado.
Por lo mismo, un objetivo estratégico nacional debiera ser el posibilitar que todo chileno adulto cuente con las competencias básicas como un foco especial para lograr un desarrollo pleno en su vida personal, social y laboral. Y si bien en Chile 3 de cada 4 estudiantes que terminan la enseñanza pública egresan como analfabetos funcionales, no se cuenta con una regulación específica que incentive el desarrollo de estas competencias. De hecho, los esfuerzos que realiza el país en capacitación, por ejemplo, no se hacen cargo que un alto porcentaje de los participantes en esos programas no cuentan con los fundamentos mínimos para absorber nuevos aprendizajes.
Si verdaderamente aspiramos a un país que entregue igualdad de oportunidades, posea suficiente capital social para sustentar su democracia y aumente la productividad para ser más competitivo, pocos proyectos tienen tan alta rentabilidad social como poner foco en diagnosticar y nivelar las competencias básicas de los adultos.
La lucha contra el analfabetismo funcional debiera ser prioridad en el debate político sobre educación. Es un problema que exige a las élites de izquierda y derecha a concentrarse en la realidad, ponerse metas concretas y no dejarse llevar por pequeñas peleas. Todo esto sería posible si el analfabetismo político no fuera, como parece ser, peor que el analfabetismo funcional de los chilenos y chilenas.
