La actual administración encadena una seguidilla de acciones desacertadas en materia sanitaria. Por una parte, hubo una tardía implementación de refuerzos ante el incremento de enfermedades respiratorias, sobre todo en menores, pese a que se contaba con amplia evidencia para anticipar la compleja situación que hoy enfrenta el sistema de salud en todo el país.
Lo anterior derivó en que no hubiese suficientes camas pediátricas UTI y UCI en la red nacional, lo que quedó en evidencia tras la muerte de una lactante la semana pasada en San Antonio, que no pudo ser derivada a ningún centro asistencial público cercano, ya que solo había disponibilidad en Arica. Y para peor, el ahora exsubsecretario de redes asistenciales aseguró en una entrevista en CNN que se intentó, sin éxito, derivarla a un establecimiento privado, la Clínica Las Condes, lo que finalmente no era efectivo.
¿Error comunicacional o mentira? Un sumario interno y una investigación propiciada por parlamentarios de oposición podrían entregar la respuesta, sin embargo, hace más de dos siglos que asumimos que gobernar no es una especie de derecho que tiene origen divino, sino que es una responsabilidad, el cumplimiento de una obligación, frente a la nación.
Esto quiere decir que quienes “gobiernan” son responsables por sus decisiones, actos y omisiones, no simplemente de forma metafórica o abstracta a través del “juicio de la historia” o “del legado”, sino que debe asumir las consecuencias que se deriven del ejercicio de su “responsabilidad”, así como sus “costos políticos”, que en este caso fue la salida de Fernando Araos y el arribo del doctor Osvaldo Salgado, un especialista, exconcertacionista, que tuvo a su cargo en el Gobierno de Ricardo Lagos precisamente la configuración de la actual red asistencial.
De esta forma, el Ejecutivo intenta detener una de las consecuencias más complejas de las decisiones erradas en materia de salud, como es la afectación de la confianza de la ciudadanía en lo que se realiza y comunica. De hecho, la opinión de la mayoría de los expertos es que el gobierno no ha sabido implementar la comunicación de riesgo que requiere el aumento y agresividad de las enfermedades respiratorias. Una manera elusiva para denominar la desconfianza de los ciudadanos, debido a sus errores, indecisión e incapacidad para anticipar escenarios.
El Derecho Constitucional consagra que quienes ocupan cargos de Gobierno, desde el Presidente de la República hasta el funcionario público de más bajo rango no actúan sobre cosa propia, sino en la Res Pública (o cosa pública), este es el significado de República, y es la razón para desprenderse de ideologías y preferencias, cuando se trata del bien común.
En síntesis, la responsabilidad de gobernar encuentra sentido republicano y democrático cuando su ejercicio se orienta a servir a los intereses del pueblo, que en este caso es la atención de salud oportuna y de calidad para todos los chilenos y chilenas. Ese es el sentido correcto de la responsabilidad de gobernar, no la impericia que hemos visto en los últimos días.
