Señor Director:
En dependencias del ex Congreso Nacional partidos y movimientos políticos han pactado 12 bases constitucionales que no podrán ser transgredidas ni modificadas por el futuro órgano encargado de redactar una nueva Constitución. Sin duda el punto que más preocupa es aquel que señala que “Chile es (será) un Estado social y democrático de derechos”.
Resulta incomprensible que, sin contar con la opinión pública, se elimine ipso facto la posibilidad de contar con el principio de subsidiariedad estatal en una futura Constitución, cuando, en los últimos 40 años, este ha sido el pilar central del mayor progreso económico y social en la historia de Chile.
Pablo Venezian
Fundación Para el Progreso