Señor Director:
Los mecanismos de apremio existentes en nuestra legislación frente al incumplimiento de pago de alimentos son, a todas luces insuficientes, considerando que el 85% de los alimentantes no cumplen con su obligación. Los diversos retiros del 10% de los fondos previsionales permitieron dimensionar un problema que afecta a la gran mayoría de los alimentarios en nuestro país, al cuantificar en más de 300 mil millones los fondos retenidos por deudas de alimentos.
En este contexto, se está tramitando un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que ya se encuentra en segundo trámite constitucional. Este, entre otras materias, propone crear un registro de deudores y sancionar conductas que afecten la subsistencia económica de la familia como constitutivas de violencia intrafamiliar.
Si bien, como toda iniciativa legal es siempre perfectible, constituye un avance notable, específicamente en la búsqueda de mecanismos que, en forma efectiva, contribuyan a fomentar el pago de pensiones de alimentos.
Alicia Castillo
Directora Escuela de Derecho UDLA
