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Redistribuir la dotación territorial de riqueza, sin afectar los incentivos individuales o grupales para generarla, parece ser un objetivo técnico, económico y social claro – pero muy complejo – de cumplir. Sin embargo, cuando dicho postulado se transforma en eslogan de campaña política, se deforma el espacio-tiempo en el cual la política pública pretende acometer dicha tarea; en esta realidad, lo complejo se transforma en inservible.
La última arremetida de reforma tributaria tuvo su origen en la campaña presidencial 2018. En esta oportunidad, el objetivo fue “crear un sistema tributario que estimule el crecimiento, el empleo, la inversión, el emprendimiento y la innovación” en las regiones del país. Para ello, “introducir certezas e incentivos para el ahorro y la inversión”.
Como suele ocurrir con los compromisos de campaña, una cosa es lo que se quiere hacer y otra muy distinta es lo que resulta. En la indicación al artículo 33 del actual proyecto de ley de reforma tributaria, el Ejecutivo plasmó su voluntad para crear un fondo de contribución regional. Nutrido con el aporte del 1% de las inversiones por encima de 10 millones de dólares, se busca proveer de más recursos a las comunas y regiones del país. Este nuevo tributo a la inversión regional, es la antítesis de las expectativas de rebaja tributaria que los agentes económicos habían deducido del programa del actual gobierno. Sin embargo, no es la única mirada crítica a la propuesta.
Con excepción de la Región Metropolitana, las inversiones regionales se concentran principalmente en la producción de commodities. En el caso de la macro zona forestal de Chile, que comprende desde la región del Maule hasta Región de la Araucanía, las inversiones sobre los US$ 10 millones de dólares se concentran en energía, celulosa, papel y madera. Sobre la competitividad y alto nivel tecnológico que caracterizan a dichos procesos, en régimen, subyace un bajísimo nivel de contribución a la actividad económica del territorio y las comunidades involucradas. En contrapartida, la localización de las plantas productivas, compite fuertemente con las actividades productivas tradicionales (como la agricultura y ganadería) y son altamente invasivas con la cultura de las comunidades donde se insertan. Es decir, la indicación propuesta no hace otra cosa que perpetuar la matriz productiva regional y, consecuentemente, el rezago en el desarrollo del territorio y sus comunidades.
Por otro lado, el aporte de las inversiones regionales es una variable de stock y, como tal, está muy lejos de constituirse en una fuente virtuosa de recursos para los gobiernos comunales y regionales. Las regiones necesitan variables de flujos, donde la actividad productiva de la industria del commodity contribuya sostenidamente al desarrollo de proveedores en una industria de servicios competitiva y de carácter global. En lo que respecta a los incentivos tributarios, estos deben orientarse a modificar la estructura de la matriz productiva actual.
Una vez más, la propuesta de reforma tributaria del Ejecutivo es miserable en su impacto en la actividad económica regional. Tendremos que seguir esperando una real voluntad del Estado en permitir que las regiones se puedan sumar al progreso económico y social del país.
