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Los medios de comunicación, la ciudadanía, los propios parlamentarios y el gobierno, dan la impresión de estar tácitamente coludidos para debilitar la institucionalidad del Congreso de la República. La persistente campaña sobre las dietas, la exposición mediática de los exabruptos públicos, el festín que subyace sobre las notas de prensa de asistencia a las sesiones, el criticar el lento trámite de los proyectos de ley, el enrostrar majaderamente los privilegios parlamentarios y la baja representatividad, son una parte de la innumerable lista de reproches sistemáticos que se realizan a los miembros de uno de los tres pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.
Más allá del legítimo cuestionamiento que pueda generar el comportamiento de sus integrantes y las acciones que se deban tomar para corregirlo, no se puede obviar el silencio cómplice de los demás poderes del Estado frente a los excesivos y agresivos ataques dirigidos al Congreso de Chile. ¿Mera coincidencia o intereses cruzados? Miremos la historia.
En Chile se instaura formalmente una República democrática en la Constitución de 1828, la cual establece en forma clara la separación de los tres poderes del Estado. Sin embargo, a la luz de los hechos ocurridos con posterioridad, parece que no quedó suficientemente claro las atribuciones que cada poder del Estado tenía en la conducción del país. En efecto, después de un período de fuertes tensiones políticas entre el poder Ejecutivo y el parlamento, en 1891 se libra una cruenta guerra civil que dura seis meses y le cuesta la vida a más de 4.000 compatriotas. El triunfo fue para las fuerzas congresistas, lo que significó una era de parlamentarismo que concluyó con la promulgación de la Constitución de 1925. A partir de dicho hito político, y hasta nuestros días, en Chile rige una República democrática presidencialista.
La grave crisis social que enfrenta el país, ha vuelto a agitar las aguas en la siempre tensa relación entre dichos poderes del Estado. Dentro de la demanda por cambios en el contrato social, se ha mencionado terminar con el excesivo poder del presidente de la República, para dar paso a nuevos modelos de organización donde se privilegie un gobierno con mayoría parlamentaria (mayor representatividad social).
El diputado Coloma (UDI) reavivó el fuego al proponer, a último momento, la reducción del 50% de las asignaciones parlamentarias. La acción ha generado un déjà vou respecto del interés del ejecutivo en mantener un parlamento debilitado. En efecto, de concretarse la rebaja, no solo se perderían 1.200 empleos, ligados a la labor legislativa de los parlamentarios, sino que obligaría al parlamento a asumir los costos fijos de poner término anticipado a los contratos de arriendo de las oficinas parlamentarias y de los vehículos que requieren para cumplir su función. Según opinión de los propios trabajadores afectados, de aprobarse dicha medida, el Congreso quedaría a merced del ejecutivo.
Chile, hoy más que nunca, necesita tener instituciones fortalecidas para enfrentar el abuso y la injusticia social fuente de la indignación ciudadana y la movilización social. En este ambiente, la historia nos enseña que, de la siembra de intereses mezquinos que apuntan a debilitar la institucionalidad, nada bueno se cosecha.
