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Uno de los capítulos póstumos se está viviendo en lo que respecta al ya histórico caso del juicio por fraude al Fisco en la Municipalidad de Chillán Viejo y luego que hace más de un mes se resolviera con fallo absolutorio confirmado por la Corte de Apelaciones de Chillán.
Esta vez, los abogados defensores, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, se volvieron a dar cita en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán (TOP) para solicitar las costas de la causa, que forman parte de las sanciones que tanto el tribunal como la Corte de Apelaciones, dictara en contra de la parte persecutora.
Lo anterior por estimar que se realizó un juicio que no tenía el sustento necesario para iniciar todo el proceso penal que, a la postre y tras casi seis años de investigación, significó la realización del juicio más largo de la historia de Ñuble durante el sistema procesal penal vigente.
Uno a uno, los defensores fueron pidiendo costas en lo penal que iban desde los $80 millones hasta los $130 millones; más las costas por las causas civiles, que oscilaron entre los $12 y los $30 millones.
Tratándose de diez imputados, el total de las costas solicitadas en contra del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado, sumaron $1.098 millones, sin perjuicio de las eventuales demandas civiles que podrían entablarse en instancias posteriores y que quedarán a criterio de cada uno de los 10 acusados.
El argumento de las costas
Rodrigo Vera Lama, representante de la empresaria Silvana Ríos (Buses Ríos) apuntó que en muchas ocasiones las defensas intentaron terminar con la causa en instancias anteriores, especialmente en el Juzgado de Garantía e incluso pidiendo el cambio del fiscal (Álvaro Serrano), argumento que sería recogido por la totalidad de sus colegas en la audiencia de hoy.
Ricardo Robles, representante de Ulises Aedo, exadminstrador municipal, pidió $130 millones por lo penal más 20 millones por la acción civil, siendo ésta la solicitud más alta, considerando que a Aedo se le inculpó en cuatro hechos.
En tanto, Julio Díaz de Arcaya pidió $80 millones por lo penal y otros $20 millones por lo civil en favor del alcalde Felipe Aylwin, considerando los graves daños que se le hicieron a él y al resto de los acusados.
Finalmente, el Fiscal Álvaro Serrano, dijo entender todos y cada uno de los argumentos, pero pidió considerar que “las costas tienen una regulación legal y por causas específicas, esto no es para que se hagan ricos pidiendo montos exórbitados”.
Finalizada la audiencia, la jueza presidenta de la sala 2 del TOP, magistrado Claudia Montero fijó la sentencia para el viernes siguiente.
